Declaración sobre las masacres recurrentes en las provincias bajo estado de sitio y las consultas de Nairobi

El deterioro de la situación de seguridad y sus dramáticas consecuencias humanitarias en las provincias del Congo en conflicto bajo el estado de sitio son extremadamente preocupantes y no pueden continuar. 

Las últimas masacres que se cobraron la vida de varias decenas de personas en Mongwalu, el domingo 8 de mayo, y en el campo de desplazados de Lodda, cerca de Fataki, el lunes 9 de mayo de 2022, en el territorio de Djugu, en Ituri, son insoportables y demuestran, una vez más, que la estrategia militar apoyada por el gobierno congoleño desde hace un año es incapaz de proteger a los civiles e impedir la repetición de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad.

De hecho, hemos seguido con interés el crítico informe de la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional sobre el estado de sitio en septiembre de 2021, y hemos conocido con horror los recientes datos recogidos por el Barómetro de Seguridad de Kivu, que establecen que más de 2.500 civiles fueron asesinados en las provincias de Ituri y Kivu del Norte entre abril de 2021 y abril de 2022. Esta cifra es casi el doble del número de asesinatos documentados el año anterior, antes de la decisión del 6 de mayo de 2021 de declarar el estado de sitio. 

El aumento de las violaciones de los derechos humanos, el creciente número de víctimas entre la población civil, la expansión de las zonas de inestabilidad y el renovado dinamismo de ciertos grupos armados, como el M23, desde que entró en vigor el estado de sitio -que debía reforzar la protección de los civiles, neutralizar a los grupos armados y pacificar las provincias maltrechas- deben llevar a las autoridades congoleñas a revisar urgentemente su gobernanza de la seguridad y su diplomacia regional.

En este contexto, acogemos con satisfacción la intención del Presidente Félix Tshisekedi de establecer un plan para poner fin al estado de sitio. En efecto, esta medida excepcional, que restringe los derechos y las libertades fundamentales, ya ha sido prorrogada en numerosas ocasiones por el Parlamento, y no se debe permitir que continúe mientras la inseguridad aumenta en las dos provincias afectadas y su impacto en la protección de los civiles es negativo. Este fracaso debe ser reconocido sin más demora.

Además, también queremos expresar nuestra preocupación por el proceso de consulta política iniciado en Nairobi entre las autoridades congoleñas, los Estados de la región y una serie de grupos armados. En efecto, el plan anunciado de formar una nueva fuerza regional integrada por los Estados de la región, responsables en gran medida de las actividades desestabilizadoras en la República Democrática del Congo (RDC), de los ciclos recurrentes de violencia y de la explotación y el comercio ilegales de los recursos naturales de nuestro país desde hace más de 25 años, puede agravar y prolongar la inestabilidad y la inseguridad.

Las autoridades congoleñas y la comunidad internacional no pueden seguir apoyando las estrategias de piromanía destinadas a mantener el caos organizado, las reiteradas violaciones de nuestra soberanía y los ataques casi permanentes a la integridad territorial de nuestro país por parte de fuerzas armadas extranjeras o de grupos armados apoyados por Estados vecinos, graves violaciones del derecho internacional que ninguna nación independiente puede tolerar.

Por lo tanto, renovamos nuestra petición de una profunda reforma del sector de la seguridad y una seria reorganización de nuestras fuerzas de seguridad y defensa, que es un requisito previo indispensable para cualquier esfuerzo por asegurar nuestro país y su población. Esta reforma está consagrada en la Resolución 2612 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que establece el mandato actual de la MONUSCO y de su Brigada de Intervención. También se trata de aprovechar al máximo el potencial de la Resolución 2612, que prevé, en el marco del Capítulo VII de la Carta, una mayor planificación y cooperación entre los cascos azules y las fuerzas de seguridad y defensa congoleñas, con el fin de llevar a cabo operaciones conjuntas más eficaces y tomar todas las medidas necesarias para eliminar la amenaza que suponen los grupos armados congoleños y extranjeros y frenar el clima de inseguridad que sigue imperando en el este de la RDC.

La importancia de movilizar una verdadera voluntad política para llevar a cabo reformas institucionales en el sector de la seguridad no sólo será esencial para consolidar la construcción de un Estado de derecho fuerte que proteja las libertades fundamentales, sino también para llevar a cabo un proceso de justicia transicional destinado a completar la transición de un largo periodo de guerra a la paz, y de un gobierno depredador y autoritario a la democracia.

De hecho, mientras que los diversos intentos de encontrar una solución política y militar en las últimas décadas han fracasado para estabilizar el país y proteger a los civiles, ha llegado el momento de decir la verdad y la ley, y de dar prioridad a la justicia y a la rendición de cuentas de los presuntos autores de los crímenes más graves cometidos en la RDC durante más de un cuarto de siglo en la estrategia de la ONU para la consolidación de la paz, la prevención y la resolución de conflictos en los Grandes Lagos , y de situar el uso de todos los mecanismos de justicia transicional, tanto judiciales como no judiciales, en el centro del mandato y la estrategia de salida de la MONUSCO.

-Dr. Denis Mukwege

Premio Nobel de la Paz 2018

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