La retirada de Sudáfrica enviaría una señal de que la impunidad se valora más que la justicia
(Amsterdam, NL) Tras la adopción del Estatuto de Roma, la sociedad civil africana, incluidas las organizaciones de derechos humanos congoleñas, desempeñó un importante papel de apoyo a las iniciativas de promoción de la responsabilidad penal internacional, aportando una gran contribución a los esfuerzos destinados a crear un entorno favorable a la lucha contra la impunidad de los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional.
El Estatuto de Roma de 1998 necesitó la ratificación de 60 Estados Partes antes de entrar en vigor el 1 de julio de 2002. Treinta y cuatro Estados africanos son parte del Estatuto de Roma.
La creación de la Corte Penal Internacional (CPI) es, y seguirá siendo, una de las instituciones más necesarias e importantes establecidas en el siglo XXI. La misión, y el mensaje, son claros: no se puede tolerar, ni se tolerará, la impunidad de los crímenes masivos. Nadie está por encima de la ley, incluidos los jefes de Estado u otras personas que busquen la inmunidad. Los líderes de las milicias están avisados de que los crímenes más graves no quedarán impunes.
La jurisdicción de la CPI se limita a las situaciones en las que un Estado parte no quiere o no puede perseguir el genocidio, los crímenes de guerra o los crímenes contra la humanidad, y cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remite un caso a la Corte.
Los ciudadanos africanos están deseosos de vivir