The culture of impunity greatly fuels the recurrence of conflicts and the perpetuation of the most serious crimes, particularly those of a sexual and gender-based nature, and is therefore a major obstacle to the establishment of the rule of law and the restoration of lasting peace in the Democratic Republic of Congo (DRC).
Decades of dictatorship and conflict, which have plunged the DRC into chaos and desolation, have seriously undermined the rule of law and undermined citizens’ confidence in the ability of their institutions to dispense justice. Indeed, it is clear that the Congolese justice system, ill-equipped and dysfunctional, does not have the means to put an end to the culture of impunity for the mass crimes of the past and present.
This is why, for many years, we have worked tirelessly alongside victims and survivors to ensure that the added value of all transitional justice mechanisms in the DRC is exploited, taking into account the international dimension of conflicts.
The expression of political will by the President of the Republic to place transitional justice on the government’s agenda in December 2020 raised hopes that the Congolese authorities would adopt and implement a national transitional justice strategy, as recommended by numerous reports, including the Mapping Report by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.
With a view to enriching the debate, in June 2021 the Panzi Foundation published an “Advocacy note for the adoption of a holistic national transitional justice strategy in the DRC “, stressing the need to combine judicial and non-judicial mechanisms, which are complementary, and to prioritize prosecutions to end impunity and institutional reforms to guarantee non-repetition.
Furthermore, in the wake of consultations organized by the Ministry of Human Rights in a number of the Republic’s provinces, a scientific committee tasked with drawing up a draft national transitional justice policy (PNJT) in the DRC submitted its final report in December 2022, with annexes including a draft national policy, a draft transitional justice framework law, a draft organic law creating mixed specialized chambers and a chronogram for the entire process.
Si bien insistimos junto a numerosos expertos en la necesidad de adoptar una política nacional y una estrategia nacional holística de justicia transicional, integrando todos los mecanismos para que se lleven a cabo simultáneamente en la medida de lo posible (reformas institucionales y garantías de no repetición, enjuiciamientos, reparaciones, El 26 de diciembre de 2022, el Presidente firmó la ley FONAREV sobre la protección y reparación de las víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto y de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad.
Unos meses más tarde, en la apertura de la 52ª sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el 27 de febrero de 2023, el Presidente reafirmó su compromiso con la aplicación de la justicia de transición en la RDC, comprometiéndose, por una parte, a presentar el anteproyecto de ley marco al Parlamento en marzo de 2023 y, por otra, a trabajar para la creación de un Tribunal Penal Internacional para la RDC o de un Tribunal Penal Especial y salas especializadas mixtas.
A día de hoy, el proyecto de ley marco aún no ha sido adoptado. Resulta, pues, curioso oír al Jefe del Estado "abogar" por un objetivo que entra ampliamente en su esfera de responsabilidad. En efecto, la abogacía es el sello distintivo de la acción de la sociedad civil, mientras que un Presidente está llamado a "decidir", actuar y crear las condiciones para que sus prioridades fructifiquen. Sin embargo, hasta la fecha, la RDC no ha presentado al Consejo de Seguridad de la ONU ninguna carta oficial pidiendo la creación de un TPIRD, ni se ha puesto en marcha ninguna iniciativa diplomática congoleña para trabajar con un Estado miembro del Consejo de Seguridad en la redacción de una resolución que resuelva esta cuestión.
Por último, con motivo de la inauguración, el 2 de agosto de 2023, de la jornada de conmemoración del genocidio congoleño, el Presidente "animó al Parlamento a aprobar leyes destinadas a apartar a los autores de crímenes del acceso a puestos de responsabilidad", afirmando que las viejas recetas -leyes de amnistía o integración en las administraciones públicas- que consagran la impunidad deben caer en el olvido, y expresando su deseo de poner fin a la inmoral política de conceder ascensos a quienes deberían responder de sus actos ante la justicia nacional e internacional.
Una vez más, el Jefe del Estado no parece comprender la importancia de integrar las reformas institucionales en la aplicación de una estrategia nacional holística de justicia transicional, cuando el vínculo más evidente entre la justicia transicional y la reforma institucional es precisamente el establecimiento de un procedimiento de depuración de los funcionarios del Estado. Por otra parte, el Presidente no parece ser sensible al principio de coherencia, habiendo, entre otras cosas, aprovechado la última remodelación del gobierno en marzo de 2023 para nombrar a 2 antiguos señores de la guerra con el rango de Ministro y Viceprimer Ministro, después de haber nombrado, dos años antes, el 7 de agosto de 2021, a un antiguo miembro del Rassemblement Congolais pour la Démocratie y líder de una milicia, la Alliance de Libération de l'Est du Congo (ALEC), próxima al M23 y a Ruanda, como coordinador nacional del Programme National de Démobilisation, Désarmement, Relèvement communautaire et Stabilisation (PDDRC-SS).
En este contexto, renovamos nuestro llamamiento para que, como todos los pueblos martirizados por la barbarie humana, las víctimas de las atrocidades masivas cometidas durante décadas en la RDC tengan derecho a una justicia integral, que incluya justicia, verdad, reparaciones y garantías de no repetición. Sólo entonces será posible hablar de reconciliación y completar la transición de la dictadura a la democracia, y de la guerra a la paz.
-Denis Mukwege