Bukavu 5 de junio de 2020 - Declaración del Dr. Mukwege en el 20º aniversario de la "Guerra de los Seis Días" en Kisangani / RD Congo entre el Ejército Patriótico Ruandés y las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda
"Del 5 al 10 de junio de 2000, el Ejército Patriótico Ruandés (APR) y las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF) se enfrentaron en Kisangani. Los dos bandos llevaron a cabo ataques indiscriminados con armas pesadas, matando entre 244 y 760 civiles, según las fuentes, e hiriendo a más de 1.000 y desplazando a miles de personas. Los dos ejércitos también destruyeron más de 400 residencias privadas y dañaron gravemente la propiedad pública y comercial, los lugares de culto, incluida la catedral católica de Notre Dame, las instalaciones educativas y las instalaciones sanitarias, incluidos los hospitales."
Este extracto del informe cartográfico de las Naciones Unidas de 2010 sobre las más graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario describe la llamada "Guerra de los 6 días". Invitamos a nuestros compatriotas congoleños a apropiarse del contenido de este informe que documenta una de las partes más oscuras de la historia de nuestro país.
Este viernes 5 de junio de 2020 se cumplen 20 años de estos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por fuerzas armadas extranjeras en suelo congoleño.
Los enfrentamientos con armas pesadas entre las fuerzas ruandesas y ugandesas mantuvieron a la población civil como rehén y provocaron masacres a gran escala en Kisangani, así como grandes daños materiales y medioambientales. Esta violencia sin precedentes arrasó con los sueños, las esperanzas y el ingenio de cientos de nuestros compatriotas en un río de sangre y lágrimas.
Estos gravísimos crímenes y sus devastadoras consecuencias no pueden ser olvidados. Son imprescriptibles. No se puede invocar la inmunidad, el compromiso o la "realpolitik" para eludir las responsabilidades de los autores. Las víctimas y sus familias tienen derecho a la verdad, a la justicia, a las reparaciones y a las garantías de que no volverá a ocurrir.
Nuestra nación debe rechazar la resignación para que la llama del recuerdo no se apague nunca y se transmita a las generaciones futuras. Es esencial que nuestros muertos y supervivientes mantengan vivo su recuerdo. Olvidar sería una capitulación ante el horror, una segunda muerte para las víctimas y una deshonra para todos nosotros.
Invitamos a las autoridades de la República Democrática del Congo (RDC) a apoyar la construcción de monumentos conmemorativos en las fosas comunes de nuestros hermanos y hermanas golpeados por la barbarie humana. Después de décadas de negación, ha llegado el momento de poner en marcha mecanismos para establecer la verdad y la justicia para la reconciliación, y una paz real y duradera. Para que nuestros hijos no se vean privados de la memoria de sus padres y, por tanto, de su identidad, y puedan construir juntos un mañana mejor.
La memoria es esencial para la vida de nuestra nación y para la historia. Todas las fuerzas vivas de nuestro país -la sociedad civil, las escuelas y las universidades- deben asumir con vigor su papel en la transmisión de la misma. Un futuro pacífico no puede construirse sobre el olvido, ni sobre el sentimiento de humillación y resentimiento ante tanta crueldad.
Pedimos una vez más la creación de una Corte Penal Internacional para la RDC y/o de tribunales especializados mixtos y la aplicación de reformas profundas en los sectores de la seguridad y la justicia. Instamos a las autoridades congoleñas a que continúen las negociaciones con Uganda para encontrar la forma de aplicar la sentencia de 2005 de la Corte Internacional de Justicia que ordena al Estado ugandés reparar los daños causados en el territorio congoleño. También pedimos a las autoridades congoleñas que inicien un diálogo sincero con Ruanda con vistas a reforzar la cooperación judicial para facilitar la administración de justicia en los delitos cometidos en la región.
Es hora de poner fin al caos organizado en la RDC: las autoridades congoleñas y la comunidad internacional no pueden seguir aceptando las reiteradas violaciones de nuestra soberanía y los ataques a la integridad territorial de nuestro país por parte de fuerzas armadas extranjeras o apoyadas por Estados vecinos, graves violaciones del derecho internacional que, desgraciadamente, continúan hasta hoy.