Declaración del Dr. Denis Mukwege y Louise Arbour, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con motivo del 10º aniversario de la publicación del Informe Mapping

Bukavu, 1 de octubre de 2020 - Declaración del Dr. Denis Mukwege y Louise Arbour, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el décimo aniversario de la publicación del Informe de Mapeo - Publicado originalmente en francés en Le Monde

Desde hace 25 años, la República Democrática del Congo (RDC) está sumida en una profunda crisis política y de seguridad, que sigue constituyendo una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Las guerras, combinadas con ciclos de violencia y represalias, han dado lugar a una de las crisis humanitarias más graves de los tiempos modernos, con un elevado coste humano: millones de víctimas han sido asesinadas o desplazadas, y cientos de miles de mujeres han sido violadas.

Los diversos intentos de establecer la paz en la RDC han llevado consigo la semilla de nuevos conflictos al dar prioridad a los arreglos políticos a corto plazo sobre las soluciones duraderas. Se ha sacrificado la justicia en el altar de la paz y se ha incorporado la indisciplina a las fuerzas de seguridad y defensa al conceder ascensos a quienes deberían haber rendido cuentas ante los tribunales nacionales o internacionales. Esto ha tenido consecuencias desastrosas para la protección de los civiles y ha socavado los esfuerzos por establecer un Estado de derecho.

Los autores e instigadores de los crímenes más graves siguen gozando de impunidad, Esta es la razón por la que estas masacres y violaciones se han repetido, y también explica en gran medida por qué estas atrocidades se producen regularmente incluso ahora.

Un reciente informe de la Oficina Conjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la RDC se muestra alarmado por el deterioro de la situación de los derechos humanos en las provincias en conflicto, y ha documentado más de 1.300 muertes durante el primer semestre de este año. El imperativo de impartir justicia es, por tanto, un requisito esencial para romper el ciclo de violencia e inestabilidad, y es una condición sine qua non para avanzar en la senda del desarrollo sostenible y la paz.


Hoy se cumple el décimo aniversario de la publicación del informe cartográfico de las Naciones Unidas sobre las más graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la RDC entre 1993 y 2003, uno de los períodos más oscuros de la historia moderna del país. Queremos recordar que este inventario tan detallado -que enumera 617 incidentes violentos que podrían calificarse de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o incluso el crimen de genocidio si los hechos se pusieran en conocimiento de un tribunal competente- no puede quedar sin respuesta. Estos crímenes incluyen una masacre de mujeres enterradas vivas después de haber sido violadas y empaladas, de congregantes que buscaron refugio en las iglesias y en su lugar fueron quemados vivos, y casos en los que pacientes enfermos fueron asesinados en sus camas de hospital.

Recordemos que estos crímenes enumerados por las Naciones Unidas son imprescriptibles y no se puede invocar ninguna inmunidad. La gravedad de estos crímenes debería sacudir la conciencia de la humanidad, y no pueden ser olvidados ni quedar impunes. Los expertos de la ONU también concluyeron que los medios de que dispone el sistema judicial congoleño para acabar con la impunidad de estos crímenes internacionales son "indudablemente insuficientes" y formularon una serie de recomendaciones para que las autoridades congoleñas rompan el clima de impunidad con el apoyo de la comunidad internacional.


Estas recomendaciones apoyan la necesidad de utilizar diversas herramientas de la justicia transicional: la creación de un tribunal penal internacional para la RDC y/o de salas especializadas mixtas dentro de las jurisdicciones congoleñas, el recurso a mecanismos para establecer los programas de verdad y reparación y, por último, la adopción de reformas institucionales, como una reforma seria de los sectores de la seguridad y la justicia y una investigación de los funcionarios públicos para garantizar la no repetición de las atrocidades.

Lamentamos que hasta la fecha no se haya tomado ninguna iniciativa para poner en práctica estas recomendaciones, lo que resulta especialmente chocante dada la gravedad y la magnitud de los crímenes cometidos. Acogemos con satisfacción el compromiso del presidente Tshisekedi -un político ajeno a los crímenes del pasado- de luchar contra la impunidad. Le animamos a que promueva mecanismos de justicia transicional para que las víctimas de los crímenes más graves cometidos desde principios de la década de 1990 vean finalmente respetados sus derechos a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.

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