Hemos conocido con horror las recientes matanzas en Kivu del Norte e Ituri. Mientras que al menos 19 civiles fueron asesinados el 27 de agosto de 2021 en el territorio de Beni, al menos 30 civiles fueron masacrados con cuchillos y armas contundentes el 3 de septiembre de 2021 en el territorio de Irumu en ataques atribuidos a milicianos de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF).
Los habitantes de esta región viven con miedo y horror. Su vida cotidiana se ha caracterizado por atrocidades que desafían la imaginación y conmocionan profundamente la conciencia humana: masacres a gran escala, quema de aldeas, saqueos y violaciones cometidas con extrema violencia. El número de civiles asesinados por este grupo armado se ha acercado a los 6.000 desde 2013, a pesar de la presencia de la MONUSCO y la Brigada de Intervención, que operan en apoyo de las Fuerzas Armadas de la RDC sobre la base del Capítulo VII de las Naciones Unidas, que autoriza todos los medios militares necesarios para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.
Esta trágica y escandalosa situación ya no es tolerable. Bajo otros cielos, la comisión de estos gravísimos crímenes movilizaría la intervención de la justicia penal internacional, pero en una comunidad internacional en la que reina el doble rasero, estas atrocidades masivas que enlutan cada día a nuestra Nación se cometen con una indiferencia que suscita nuestra más profunda indignación.
A pesar del estado de sitio en los Kivus e Ituri, la situación de seguridad no parece mejorar en estas provincias, y la dramática crisis humanitaria que soporta la población civil se está convirtiendo en una crisis de nuestra humanidad.
La situación en esta región, afectada por conflictos armados desde hace décadas, es la segunda crisis humanitaria más grave del mundo, si se tienen en cuenta los 5,2 millones de desplazados en la RDC. Además, los conflictos que han asolado nuestro país durante los últimos 25 años han sido los más mortíferos desde la Segunda Guerra Mundial.
Ante el fracaso de las soluciones políticas y de seguridad, estamos convencidos de que el camino hacia una paz duradera pasa por la utilización de todos los mecanismos de la justicia de transición. En efecto, como cualquier pueblo, las víctimas congoleñas de las atrocidades masivas y la sociedad congoleña en su conjunto tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición de las atrocidades, de acuerdo con las recomendaciones formuladas en el Informe Mapping, publicado hace casi 11 años por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Dado que los líderes mundiales se dirigirán próximamente a la Asamblea General anual de las Naciones Unidas, instamos al Presidente de la República a que demuestre una verdadera voluntad política de situar la lucha contra la impunidad y el uso de la justicia transicional en el centro de la estrategia de salida de la MONUSCO. Le invitamos a solicitar la ayuda de las Naciones Unidas y la adopción de una resolución del Consejo de Seguridad para poner en marcha sin demora un equipo de investigadores integrado en la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que incluya expertos en antropología forense, para exhumar las numerosas fosas comunes del este del país y recoger y preservar las pruebas de los actos que puedan constituir crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes de genocidio perpetrados en la RDC.
Además, ha llegado el momento de que el Jefe de Estado concrete su compromiso de adoptar una estrategia nacional holística de justicia transicional y pida expresamente a las Naciones Unidas la creación de un Tribunal Penal Internacional para la RDC y apoye el establecimiento de salas mixtas especializadas para hacer justicia a las víctimas de los crímenes más graves y poner fin a la cultura de la impunidad que ha alimentado los conflictos en nuestro país desde los años 90.
Dr. Denis Mukwege
Premio Nobel de la Paz 2018