En este día de Genocost, que significa "genocidio por beneficio económico", nuestros pensamientos están con todas las víctimas directas e indirectas de innumerables crímenes cometidos durante décadas por intereses económicos y geoestratégicos. Estas atrocidades, que desafían a la imaginación y deberían conmocionar profundamente la conciencia humana, se vienen perpetrando desde mediados de los años noventa en la República Democrática del Congo (RDC) en un clima imperante de impunidad y preocupante indiferencia por parte de la comunidad internacional.
En efecto, el sistema económico globalizado se basa en gran medida en los recursos mineros y las riquezas naturales que abundan en la RDC, y que son esenciales para el crecimiento económico de las grandes potencias y del mundo empresarial. En consecuencia, la inestabilidad política y de seguridad que sufre el pueblo congoleño se mantiene para satisfacer la necesidad de materias primas del mercado mundial, mientras deja a nuestra población y comunidades maltrechas y traumatizadas en un estado de pobreza inaceptable.
Es hora de poner fin a la paradoja de la abundancia en la RDC y a la tragedia congoleña. Si varias generaciones de congoleños ya han sido sacrificadas por la revolución del automóvil y de las comunicaciones, ¿vamos a seguir aceptando que las generaciones futuras sean subyugadas y aniquiladas para que el mundo económicamente desarrollado pueda avanzar a bajo coste hacia una transición energética supuestamente "verde", pero en realidad "roja" con la sangre de las mujeres y los niños congoleños?
Es urgente acabar con la extracción y el comercio ilícitos de recursos mineros, y con la cultura de la impunidad que, junto con la ausencia de un liderazgo congoleño respetable y respetado, son las principales causas subyacentes de la recurrencia de los conflictos y la repetición de los crímenes más graves.
En este contexto, acogemos con satisfacción el hecho de que, en diciembre de 2022, el poder legislativo congoleño reconociera el 2 de agosto como día de conmemoración del genocidio congoleño, tras una larga campaña de presión por parte de las organizaciones de la sociedad civil.
Cabe señalar que, en la mayoría de las situaciones, el reconocimiento de un día de conmemoración se produce una vez que las armas han callado, y cuando una nación se está reconstruyendo tras un periodo de conflicto. Este no es el caso de la RDC, a pesar del Acuerdo de Paz de Sun City de 2003, que plantó las semillas para el empeoramiento y la prolongación de la tragedia congoleña. En efecto, los atentados contra la soberanía nacional y la integridad territorial y las guerras de agresión y ocupación duran ya más de un cuarto de siglo, y la violencia armada y las atrocidades masivas siguen caracterizando la vida cotidiana de millones de compatriotas que viven una crisis humanitaria sin precedentes, especialmente en Kivu Norte e Ituri.
Este reconocimiento del Día del Genocausto, que recuerda el inicio del conflicto armado más mortífero desde la II Guerra Mundial, cuando el 2 de agosto de 1998 Ruanda y sus partidarios del Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) invadieron nuestro territorio, debe ir acompañado de una firme voluntad política y de acciones concretas para poner fin al saqueo de nuestras materias primas, y garantizar los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición de los crímenes internacionales.
Sin embargo, a pesar de los recursos asignados y los esfuerzos realizados para construir una nueva "narrativa", hemos llegado a la amarga constatación de que esta voluntad política está muy ausente en la actual administración, que continúa con una política de depredación y venta de nuestros recursos y externalización de la seguridad a países que son los principales actores de la inestabilidad y el saqueo, dejando a nuestra población en la miseria y abandonada a sí misma.
Por lo tanto, no es sólo el 2 de agosto que debemos conmemorar a nuestros muertos y el saqueo de las riquezas del país, sino todos los días del año, porque el Genocostés, lejos de ser un día de conmemoración de un escándalo y una tragedia del pasado, ¡continúa todos los días! Mientras no exista la voluntad política de garantizar una buena gestión de los minerales basada en la sostenibilidad y el bienestar de la población, de reformar a fondo nuestros servicios de defensa, seguridad e inteligencia, de construir un Estado de derecho que garantice la seguridad tanto física como jurídica, y de permitir la celebración de elecciones democráticas y creíbles que respeten la soberanía popular, una élite político-militar corrupta que actúa en connivencia con países vecinos desestabilizadores apoyados por ciertas potencias y multinacionales ávidas de beneficios seguirá enriqueciéndose, mientras que la inmensa mayoría de nuestra población seguirá languideciendo en el sufrimiento y la pobreza.
¡Urge cambiar de rumbo! Como todos los pueblos, la nación congoleña tiene derecho a controlar sus propios recursos y a vivir en paz, libre de injerencias extranjeras. El derecho internacional y la justicia deben aplicarse por igual en todas partes. Deben establecerse todos los niveles de responsabilidad -nacional, regional e internacional- y Ruanda y Uganda deben rendir cuentas por sus repetidos actos de agresión y su papel protagonista en el saqueo y la comisión de los crímenes más graves en la RDC. El pueblo congoleño también tiene derecho a su propio Nuremberg, y pedimos la creación sin más demora de un Tribunal Penal Internacional para la RDC y de salas mixtas especializadas, como parte de los esfuerzos para aplicar todas las herramientas de la justicia transicional con el fin de detener la espiral de violencia e impunidad.
Solo en estas condiciones los países de la región de los Grandes Lagos podrán reconciliarse y convivir pacíficamente, y la RDC podrá honrar a sus muertos con dignidad, curar sus heridas y, junto con las generaciones futuras, construir una nación libre de explotación, sufrimiento, humillación e injusticia.
Denis Mukwege
Premio Nobel de la Paz 2018