Hemos seguido con gran interés la cobertura mediática del último informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre el Congo el 4 de agosto de 2022. La verdad es tozuda, al final siempre sale a la luz. Así, las sólidas pruebas recogidas por las Naciones Unidas establecen que, entre noviembre de 2021 y julio de 2022, el ejército ruandés (RDF) lanzó ataques contra el ejército congoleño en el territorio de la República Democrática del Congo (RDC) y proporcionó apoyo logístico y operativo a los rebeldes del M23.
La implicación del ejército ruandés con el movimiento terrorista M23 es conocida desde hace meses por el ejército congoleño, que ya ha recuperado material militar y ha detenido a soldados ruandeses en territorio congoleño. Sin embargo, Kigali continúa con su política de negación, incluso cuando el presidente ruandés amenazó escandalosamente con desplegar tropas ruandesas "sin pedir permiso a nadie" el 8 de febrero de 2022, durante una ceremonia de juramento de nuevos ministros en el parlamento ruandés, mostrando abiertamente su desprecio por los principios básicos del derecho internacional.
El gobierno congoleño, las Naciones Unidas, la Unión Africana y los socios bilaterales y regionales de la RDC deben sacar las consecuencias de esta prueba de la enésima guerra de agresión de Ruanda: hay que sancionar sin más dilación, tanto política como diplomática, económica y militarmente, de acuerdo con las resoluciones 1807 y 2293 del Consejo de Seguridad de la ONU, que sancionan, entre otras cosas, a las personas y entidades que realizan actos que ponen en peligro la paz, la estabilidad o la seguridad de la República Democrática del Congo.
Tras más de un cuarto de siglo de repetidos conflictos que han provocado millones de muertos, mujeres violadas y desplazados, la comunidad de Estados no puede seguir aceptando pasivamente que la población congoleña sufra repetidas agresiones de países vecinos que cometen directamente o por delegación atrocidades masivas destinadas a desestabilizar el este de la RDC para saquear sus recursos minerales y naturales en un clima de impunidad generalizada.
Este gran crimen transnacional en el que Ruanda ha sido uno de los principales actores durante 25 años con la complicidad de ciertos compatriotas corruptos debe terminar ya.
Además, el gobierno congoleño debe reformar urgentemente el sector de la seguridad en la RDC, única solución sostenible para asegurar y pacificar el país. No podemos depender eternamente de la ayuda de las Naciones Unidas, ni podemos seguir una política de externalización de nuestra seguridad nacional a terceros Estados. Por lo tanto, debemos definir rápidamente una política de defensa adaptada a los retos del presente y del futuro, asignar los medios necesarios para aplicar la ley de programación militar y movilizar una verdadera voluntad política para reformar nuestras fuerzas de defensa. Además, no podemos seguir aceptando que ciertos elementos de nuestro ejército nacional colaboren con ciertas milicias que desestabilizan nuestro país.
Por último, el mundo no puede seguir haciendo la vista gorda ante las atrocidades cometidas en la RDC durante más de un cuarto de siglo. El círculo vicioso de la violencia y la impunidad debe terminar. Debe adoptarse y aplicarse una estrategia nacional holística para la justicia transicional en la RDC. Al igual que todas las personas, los congoleños tienen derecho a la justicia, la verdad y la reparación, pero también a las garantías de que las atrocidades no se repetirán. La justicia es una herramienta esencial para evitar que se repitan los conflictos, pero es la pieza que falta en el puzzle para establecer la paz en la RDC. Es un requisito previo para la reconciliación y la coexistencia pacífica en la RDC y en la región africana de los Grandes Lagos.
Las soluciones existen. Instamos a los dirigentes congoleños y a los socios privilegiados de la RDC, como las Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea, a que creen las condiciones para el desarrollo de un comercio limpio y transparente de los recursos que abundan en la RDC y a que garanticen el respeto de los derechos humanos y los principios básicos del derecho internacional por parte de todos los Estados de la región de los Grandes Lagos de África.
-Dr. Denis Mukwege