Mientras el grupo terrorista armado M23, apoyado directa e indirectamente por las Fuerzas de Defensa Ruandesas (RDF), se encuentra a las puertas de Goma -la tercera ciudad más grande de la República Democrática del Congo (RDC)-, la ya catastrófica situación humanitaria se deteriora aún más, aumentando el número de desplazados internos a casi 6 millones.
Tras esta enésima agresión, la población civil vive atemorizada y se ve obligada una vez más a exiliarse para huir de la violencia. Las mujeres se ven obligadas a dar a luz en condiciones dramáticas a lo largo de las carreteras, mientras que otras son secuestradas y violadas en grupo por elementos uniformados, en un clima de violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
En este contexto, acogemos con satisfacción los esfuerzos de Angola para poner fin a la violencia y silenciar las armas en Kivu del Norte, pero lamentamos que el M23 no respete los términos del comunicado de la minicumbre sobre la paz y la seguridad en la región oriental de la RDC ni el ultimátum de Luanda del 23 de noviembre, al negarse a retirarse de las zonas que controla, lo que socava la aplicación del proceso de paz de Nairobi y la credibilidad de las iniciativas diplomáticas regionales en curso. De hecho, la situación sobre el terreno no ha evolucionado, a pesar de que la Cumbre había decidido no sólo el cese de las hostilidades, sino también la retirada de los territorios ocupados.
Teniendo en cuenta esta crítica situación de seguridad, su considerable impacto humanitario y el estancamiento político, es sorprendente constatar que las armas puestas a disposición de la fuerza de la MONUSCO son menos eficaces que las del M23, movimiento que fue disuelto, desarmado y confinado en 2013 en Ruanda y Uganda. ¿Cómo pudo este movimiento terrorista rearmarse? Es urgente que se establezca su cadena de suministro de armas y municiones y que los países implicados se sometan a los rigores de las sanciones previstas en la Resolución 2641 de la ONU.
De hecho, en una reciente declaración, los miembros del Consejo de Seguridad reafirmaron los compromisos contraídos por los Estados de la región en virtud del Acuerdo Marco de Paz, Seguridad y Cooperación para la RDC y la región "de no tolerar ni prestar asistencia o apoyo de ningún tipo a los grupos armados", instando a "poner fin a todo apoyo externo a los actores armados no estatales, incluido el M23".
Dado que el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU llevó a cabo una misión de verificación en la región africana de los Grandes Lagos a principios de noviembre para comprobar la aplicación de las sanciones de la ONU en materia de armas en el conflicto de la RDC, con el fin de proporcionar una actualización al Consejo de Seguridad, esperamos que las conclusiones del Comité recomienden la activación del régimen de sanciones sin más demora.
De hecho, es imperativo sancionar a los Estados que suministran armas a los grupos armados embargados. Además, debe cesar toda cooperación militar bilateral con los Estados proveedores para crear las condiciones de desescalada.
Por ello, pedimos a las Naciones Unidas que tomen decisiones firmes para aplicar sus propias resoluciones y a países influyentes como Francia, Reino Unido y Estados Unidos que dejen de apoyar a los Estados que alimentan la violencia y la desolación en el este del Congo.
Es hora de que el mundo abra los ojos ante estas atrocidades, de que se aplique el derecho internacional y de que los responsables rindan cuentas para poner fin a la tragedia congoleña.