Para avanzar en el camino de la paz duradera, nuestros dirigentes deben aprender de los errores del pasado y romper con las políticas que han prolongado y agravado el sufrimiento del pueblo congoleño y la inestabilidad que ha provocado consecuencias desastrosas para la protección de la población civil.
Desde Sun City hasta Lusaka y Kampala, los acuerdos de paz han vendido sistemáticamente la justicia en el altar de una paz cuyos dividendos nunca han llegado al Este.
Estos diversos acuerdos políticos destinados a poner fin a la violencia han sembrado la semilla de la inestabilidad y la cultura de la impunidad al integrar a elementos de grupos rebeldes armados, tanto congoleños como extranjeros, en las fuerzas de seguridad y defensa de la República. En efecto, los procesos de desarme, desmovilización y reintegración, infradotados y chapuceros, así como las políticas de "mezcla" y "brassage", a menudo acompañadas de ascensos, han integrado la indisciplina en las instituciones, hasta el más alto nivel del Estado.
Al recompensar a los criminales en lugar de llevarlos ante la justicia, esta estrategia de los tiradores de la cuerda que acechan en Kinshasa, Kigali, Kampala y Bujumbura anima a los grupos armados del monte a esperar su turno.
Esta situación favorece la aparición de un sistema que legitima la violencia y la comisión de delitos como forma de acceder al poder. Mantiene una espiral descendente de violencia y violencia sin fin y pone en peligro el establecimiento de una paz duradera.
Es en este contexto que expresamos nuestra circunspección ante el reciente nombramiento por orden presidencial de un antiguo líder rebelde del RCD-Goma, del M-23 y de la ALEC, como Coordinador del Programa de Desarme, Desmovilización, Rehabilitación Comunitaria y Estabilización.
Aunque el Jefe de Estado se ha comprometido a incluir la justicia transicional en la agenda del gobierno "para construir el camino hacia la reconciliación nacional y la paz", abogamos por la adopción de una estrategia nacional de justicia transicional holística que dé prioridad a las reformas institucionales destinadas a prevenir la repetición de las atrocidades cometidas contra la población civil, incluso mediante una profunda reforma de los sectores de seguridad y justicia.
El vínculo más evidente entre la justicia transicional y la reforma institucional es el establecimiento de procedimientos de depuración que tengan como objetivo identificar y apartar de las instituciones públicas a los responsables de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como el establecimiento de mecanismos de verificación de los antecedentes en materia de derechos humanos de quienes aspiran a entrar en la función pública.
Así, en el marco de la génesis del proceso de justicia transicional al que aspira el pueblo congoleño, el gobierno debe emprender sin demora reformas institucionales para garantizar el respeto del Estado de Derecho, fomentar una cultura de respeto de los derechos humanos y restablecer la confianza en las instituciones.
La nación congoleña está llena de hombres y mujeres íntegros, sin antecedentes de graves violaciones de los derechos humanos. Si existe una verdadera voluntad política de erradicar los grupos armados, de estabilizar el este del país, de garantizar la recuperación de las comunidades afectadas por las milicias que han asolado nuestro país durante los últimos 25 años y de establecer una paz duradera, ha llegado el momento de aprovechar al máximo el potencial de este capital humano amante de la paz y la justicia y de romper con las políticas destinadas a promover a quienes deben rendir cuentas ante la ley.