Bukavu, 7 de noviembre de 2020 - Memorándum del Dr. Denis Mukwege al Presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, con motivo de las "Consultas Nacionales
Cliquez ici pour lire en français
Los problemas de la República Democrática del Congo (RDC) y sus soluciones se conocen desde hace varios años. Los grandes retos de nuestro país han sido documentados por muchas personas y organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Lo que siempre ha faltado es la voluntad y el coraje político de los dirigentes de todos los niveles de gobierno para poner en marcha medidas ambiciosas y eficaces con el fin de impulsar el cambio que exigen la dramática situación del país y las expectativas de nuestra población.
Nuestro país no va bien. La miseria de la población es insoportable. En este contexto, una nueva consulta sólo tiene sentido si aborda por fin las cuestiones urgentes y apremiantes, sin empantanarse en la palabrería interminable y los diálogos sordos que se han observado en el pasado.
Varias organizaciones y contactos invitados a estas consultas han hecho o harán propuestas relevantes en diversos campos de la vida política, económica, social y cultural de nuestra nación.
Para evitar redundancias, nuestra contribución insistirá principalmente en el imperativo de la lucha contra la impunidad y en la urgencia de erigir la justicia como pilar principal del Estado de Derecho, así como palanca de una paz real y duradera, sin la cual no es posible ningún desarrollo.
A partir de ahora, debemos legislar las bases de este cambio imponiendo una ruptura con los antivalores, las prácticas corruptas, el sistema que nos ha llevado al caos actual y los hombres que se han comprometido en diversos delitos en el pasado. Porque con esos individuos que destruyeron nuestro país -los que están en la raíz de la inseguridad actual- no podemos resolver las crisis que enfrentamos y construir un futuro mejor.
La lucha contra la impunidad en nuestro país pasa por la aplicación de las recomendaciones del Informe de las Naciones Unidas sobre las violaciones más graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la RDC entre 1993 y 2003. Este informe insta a las autoridades congoleñas a utilizar los instrumentos de la justicia de transición para allanar el camino de la reconciliación y la paz. Además, la gravedad de los crímenes cometidos en nuestro país, desde 1990 hasta hoy, invita a nuestro gobierno a dirigirse al Secretario General de las Naciones Unidas y a solicitar al Consejo de Seguridad la creación de un Tribunal Penal Internacional para la RDC con el fin de juzgar a los autores nacionales y extranjeros, estatales y no estatales, de estas atrocidades.
El desarrollo de nuestro país seguirá siendo hipotético sin reformas institucionales ambiciosas, valientes y profundas, que deberían incluir la reforma de los sectores de la seguridad (policía, ejército, inteligencia, etc.), de la justicia (Tribunal Constitucional, etc.) y de la CENI. Sin estas reformas, nunca estaremos en un estado de derecho y las repetidas crisis hundirán al país incansablemente en el caos.
Es esencial que las instituciones de la República sean apolíticas y profesionales para evitar que los grupos de interés políticos, económicos, sociales y étnicos sigan disputando y apoderándose de estas instituciones.
Señor Presidente de la República, estamos convencidos de que si usted mismo, junto con el Gobierno congoleño, toma este camino, no sólo nuestro pueblo estará con usted, sino que también se beneficiará del apoyo de la comunidad internacional.
Como decía Frantz Fanon, "cada generación debe, en una relativa opacidad, cumplir o traicionar, en una relativa opacidad".
Su Excelencia el Presidente de la República,
En primer lugar, quisiéramos saludar su iniciativa de lanzar consultas con el propósito de crear una "unión sagrada dentro de la Nación", y agradecerle su voluntad de unirse a nosotros en este espíritu de apertura y diálogo con la sociedad civil.
Desde su toma de posesión como jefe de Estado, usted ha mostrado la voluntad de poner fin a los antivalores, que obstaculizan los esfuerzos por consolidar el Estado de Derecho y minan cualquier perspectiva de desarrollo social y económico sostenible. Estos antivalores están a menudo asociados al clima de impunidad que prevalece en gran medida en nuestro país y a la corrupción que asola a la mayoría de nuestras instituciones.
Además, ha declarado estar dispuesto a dar su vida para restablecer la paz en el este de la RDC, muy consciente de que es prioritario acabar con los ciclos de violencia y los conflictos de los que tristemente hemos sido testigos de las consecuencias durante más de 20 años en el Hospital de Panzi.
Aunque nuestro país ha acogido una de las mayores misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas durante más de 20 años, así como la firma de multitud de acuerdos de paz, es evidente que los intentos de soluciones de seguridad y las políticas de las últimas décadas han fracasado sistemáticamente en la protección de los civiles y en la consecución de la paz. Sobre todo porque los acuerdos políticos han sacrificado la justicia al integrar la indisciplina en nuestras fuerzas de defensa y seguridad a través del proceso de mezcla, de los chapuceros programas de desarme, desmovilización y reinserción y de la concesión de ascensos a quienes deberían responder por sus actos ante la justicia nacional o internacional.
Mientras las autoridades congoleñas y las Naciones Unidas tratan de acordar una estrategia de retirada gradual y condicionada de la MONUSCO, parece imprescindible movilizar todas las energías y aprovechar la presencia de la comunidad internacional en la RDC para avanzar por fin en el camino de la paz duradera a través de la justicia.
En este contexto, hemos acogido con satisfacción su comunicación en el Consejo de Ministros del 7 de agosto de 2020, en la que instruyó al gobierno para que incluyera en su agenda la cuestión de la justicia transicional. Esta comunicación allana el camino para la aplicación de las recomendaciones del informe cartográfico de las Naciones Unidas sobre las violaciones más graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la RDC entre 1993 y 2003, que invita a las autoridades congoleñas a utilizar todos los instrumentos de la justicia de transición con el apoyo de la comunidad internacional.
Con el mismo espíritu, el Secretario General de las Naciones Unidas alentó la adopción de una estrategia nacional de justicia transicional en su informe del 21 de septiembre de 2020 sobre la RDC, que permitiría luchar contra la impunidad y hacer justicia a las víctimas de los crímenes más graves.
La expresión de su voluntad política y la exhortación del Secretario General se inscriben en el marco de un amplísimo despliegue de la sociedad civil congoleña y de los movimientos ciudadanos que se manifestaron pacíficamente por millares en el décimo aniversario de la publicación del Informe cartográfico, el 1 de octubre de 2020, para exigir el fin de la impunidad y la creación de una Corte Penal Internacional para la RDC y/o de Cámaras especializadas mixtas en el sistema judicial congoleño.
Además, varias confesiones religiosas, entre ellas la Iglesia de Cristo en el Congo y la Conferencia Episcopal Nacional del Congo (Iglesia Católica), así como diplomáticos europeos, canadienses y estadounidenses, han insistido recientemente en la necesidad de establecer mecanismos de enjuiciamiento y juicio internacional o internacionalizado con el fin de garantizar la independencia e imparcialidad en la administración de justicia para los crímenes del pasado y del presente.
Estamos convencidos de que el clima de impunidad del que gozan los autores de los crímenes más graves explica en gran medida que la inestabilidad y las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario continúen hasta hoy en muchas provincias del país.
Por ello, creemos que es prioritario para el futuro de la Nación movilizar una fuerte voluntad política para desarrollar una estrategia nacional de justicia transicional y aplicarla cuanto antes, con el apoyo de la comunidad internacional.
Esta estrategia debe incluir mecanismos judiciales y no judiciales que permitan a la sociedad remediar su pesado legado de crímenes masivos y garantizar a las víctimas su derecho a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición de los crímenes. Pero también, una profunda reforma del sector de la seguridad y la marginación de los agentes del Estado que han estado implicados en graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y en actividades corruptas a gran escala.
Por último, le instamos a que haga una petición oficial al Secretario General de las Naciones Unidas para que apoye la creación de un Tribunal Internacional y de salas mixtas especializadas en la RDC.
Señor Presidente,
Ha llegado el momento de restablecer nuestra dignidad, de decir la verdad, de hacer justicia a nuestros millones de muertos y a los supervivientes, pero también de impedir que se repitan los abusos, las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario cometidos en nuestro territorio por agentes estatales, no estatales, congoleños y extranjeros.
Le agradecemos de antemano las medidas que va a tomar para llevar a cabo el proceso de justicia transicional que, esperamos más que nada, permita acabar con la impunidad y consolidar la paz en la RDC. Le pedimos que acepte, Excelentísimo Señor Presidente de la República, nuestra distinguida consideración.
Dr. Denis Mukwege
Premio Nobel de la Paz