Con motivo de la octava celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos, queremos expresar nuestra solidaridad con todas las víctimas de crímenes sexuales, saludamos el valor de las supervivientes que luchan por sus derechos y lanzamos un solemne llamamiento a todos los Estados para que no toleren más el uso de la violencia sexual en tiempos de guerra y pongan fin a estas graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que son una vergüenza para nuestra humanidad.
Esta fecha del 19 de junio conmemora la adopción en 2008 de la Resolución 1820 del Consejo de Seguridad que, al condenar el uso de la violencia sexual como arma de guerra, constituye un punto de inflexión decisivo en la Agenda Mujer, Paz y Seguridad y en el reconocimiento de la violencia sexual relacionada con los conflictos como una amenaza para la seguridad colectiva, un obstáculo para la consolidación de la paz y una barrera para la consecución de los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Además, la violación y otros delitos de género se codificaron acertadamente en el Estatuto de Roma por el que se crea la Corte Penal Internacional como crimen de guerra, crimen contra la humanidad e incluso como acto constitutivo de genocidio.
Hoy, gracias a este reconocimiento y a la evolución del derecho, ningún dirigente político o militar puede ignorar o descuidar el hecho de que es contrario al derecho internacional utilizar la violación y la violencia sexual como método de guerra y como estrategia de dominación y terror.
Sin embargo, observamos con amargura que a menudo falta voluntad política, los recursos financieros son insuficientes y este marco normativo lucha por ser eficaz: la violación y la violencia sexual se utilizan en todos los conflictos contemporáneos del mundo -como en la situación actual de Ucrania-, los recursos siguen siendo limitados para proporcionar servicios de calidad a las víctimas y la cultura de la impunidad de la que gozan los autores e instigadores de estos actos despreciables sigue siendo más la norma que la excepción.
Por lo tanto, instamos una vez más a la comunidad de Estados y donantes a que movilicen recursos humanos y financieros para hacer frente a las consecuencias de la violencia sexual cometida en tiempos de conflicto y a que redoblen sus esfuerzos para prevenir la repetición de estos delitos. Esto significa apoyar a las víctimas con una asistencia holística y de calidad, así como apoyar a las asociaciones de supervivientes. También es fundamental luchar contra el patriarcado y garantizar la promoción de la igualdad de género y la participación política activa de las mujeres, llevar a cabo reformas del sector de la seguridad y la justicia que tengan en cuenta la perspectiva de género, y combatir el clima de impunidad que aún prevalece en gran medida.
De hecho, abogamos continuamente por el fortalecimiento de los esfuerzos de rendición de cuentas contra los autores y patrocinadores de delitos sexuales, a través de la justicia nacional y, cuando no hay capacidad y voluntad, de la justicia penal internacional, así como por el aumento de la responsabilidad estatal.
La prohibición de la violación y la violencia sexual conlleva obligaciones por parte de los Estados, en particular la obligación de proteger, que incluye la penalización de la violencia sexual, el castigo efectivo de los autores y la reparación adecuada de las víctimas. Sólo si se refuerza la rendición de cuentas, tanto a nivel individual como estatal, se podrá evitar la repetición de los crímenes y trazar una línea roja contra el uso de la violencia sexual relacionada con los conflictos.
En este contexto, nos congratulamos de la histórica decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2021 declaró al Estado responsable de las violaciones de los derechos de la periodista colombiana Jineth Bedoya, 20 años después de haber sido víctima de secuestro y abusos sexuales.
Por último, apoyamos plenamente las recomendaciones del último informe del Secretario General de las Naciones Unidas y el trabajo de la oficina de su Representante Especial sobre la Violencia Sexual en los Conflictos, que tienen como objetivo mejorar el nivel de cumplimiento de las partes en conflicto con las normas y resoluciones establecidas por el Consejo de Seguridad.
El cumplimiento por parte de los Estados del marco normativo internacional establecido desde la adopción de la Resolución 1325 es tan escaso que es imperativo enviar un mensaje político fuerte y claro reforzando los mecanismos de cumplimiento. Hay que denunciar y sancionar el incumplimiento de las normas internacionales por parte de los actores estatales y no estatales: hay que elaborar y publicar periódicamente listas de Estados y grupos armados, y aplicar sanciones selectivas a los autores y a los dirigentes políticos y militares, especialmente en función de los delitos sexuales relacionados con los conflictos. Quienes toleran u ordenan la transformación de los cuerpos de mujeres y niñas, así como de hombres y niños, en campos de batalla deben ser condenados al ostracismo por la comunidad internacional, se les debe imponer la prohibición de viajar y de obtener visados, y se deben congelar sus bienes y recursos financieros sin más dilación.
Por último, en los últimos meses hemos asistido a una avalancha de solidaridad y movilización sin precedentes para sancionar la invasión de Ucrania y responder a las necesidades humanitarias. Además, los llamamientos a la documentación de los crímenes y a las investigaciones permiten esperar un renovado interés por la justicia internacional. En este contexto, hacemos un llamamiento a la comunidad de Estados para que ponga fin al doble rasero y a un humanismo de geometría variable y de varias velocidades.
El sufrimiento es universal y las necesidades de atención de calidad y de justicia también. Es hora de movilizar una verdadera voluntad política cada vez que nuestra humanidad se vea atacada por la barbarie y de actuar con la misma firmeza contra la violencia sexual relacionada con los conflictos allí donde se produzca.
Denis Mukwege