Universidad de Estrasburgo - 19 de octubre de 2024
Señoras y señores,
Gracias por invitarme a intervenir, y agradezco a la ONG Inter Développement et Solidarité la organización de este acto en colaboración con la Universidad de Estrasburgo, el Ayuntamiento de Estrasburgo, la Comunidad Europea de Alsacia y el Conseil Régional du Grand Est.
Los discursos de apertura de tres eminentes profesores preparan el terreno para el tema que nos reúne: "Justicia, paz y derechos humanos hoy: ¿es posible? Gracias por sus enriquecedoras contribuciones.
Permítanme comenzar mi intervención con una visión global del estado del mundo, antes de centrarme en la situación de la República Democrática del Congo (RDC).
El mundo actual se encuentra en una encrucijada: el sistema de las Naciones Unidas creado tras la Segunda Guerra Mundial se ha agotado, y la nueva gobernanza mundial, capaz de hacer frente a los grandes retos a los que se enfrentan la humanidad y el planeta, tarda en nacer.
De hecho, la creación del sistema de la ONU en 1945 pretendía dar la vuelta a una de las páginas más oscuras de la historia de la humanidad con el mantra: "Nunca más". Para ello, la comunidad de Estados acordó crear un mundo basado en el respeto a la libertad y la dignidad humana, tal y como proclaman la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Convenios de Ginebra.
Un mundo basado en las relaciones amistosas entre los Estados, el multilateralismo y el principio de la prohibición del uso de la fuerza, que sustenta el sistema de seguridad colectiva consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Un mundo basado en la justicia penal internacional, cuya génesis comenzó en Nuremberg y Tokio, y que hoy encuentra su forma más completa en la Corte Penal Internacional.
Durante la Guerra Fría, la lógica de las rivalidades y el auge del mundo bipolar aparcaron estas ambiciones, antes de que la caída del Muro de Berlín en 1989 anunciara un nuevo orden mundial, más pacífico y multipolar. Un nuevo auge del multilateralismo y una mayor cooperación para encontrar soluciones a problemas que no pueden resolverse a escala nacional fueron tomando forma en las relaciones internacionales. Entre ellos, la lucha contra la pobreza, el cambio climático y la protección del medio ambiente, la gestión de las migraciones, el terrorismo y las nuevas formas de conflicto, y la aparición de la inteligencia artificial.
En un momento en que la interdependencia entre los pueblos nunca ha sido mayor, la tentación del repliegue y el preocupante resurgimiento del nacionalismo y el populismo han resurgido desde el 11 de septiembre de 2001, y las nuevas relaciones de poder y las divisiones geopolíticas están sumiendo a la humanidad en la desestabilización y la incertidumbre, poniendo a prueba el sistema multilateral y su capacidad para prevenir tensiones y resolver conflictos.
De hecho, el Consejo de Seguridad parece incapaz de cumplir su misión primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, como ilustra la agresión a Ucrania por parte de un Estado miembro permanente con derecho de veto en el Consejo.
Aunque el sistema de las Naciones Unidas debería regirse por el imperio del derecho internacional basado en el respeto al principio de responsabilidad, la ley del más fuerte se está imponiendo en un número cada vez mayor de situaciones: Los jefes de Estado y de gobierno se burlan cada vez más abiertamente de los principios básicos del derecho internacional, violan la Carta de la ONU, desprecian los convenios internacionales sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario, ignoran las sentencias del Tribunal Internacional de Justicia e invaden otros países o toman como rehenes a sus propios pueblos sin rendir cuentas ante la parálisis de un sistema de seguridad colectiva que se ha vuelto inoperante.
Además, la aplicación de un doble rasero en las relaciones internacionales ha provocado frustraciones muy arraigadas que a menudo han alimentado la violencia. Este principio está estrechamente vinculado al uso del veto por parte de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que además son todas potencias nucleares, pero niegan su responsabilidad de proteger a los pueblos en peligro cuando están en juego sus intereses geoestratégicos y económicos.
Este doble rasero ha erosionado profundamente la credibilidad de las instituciones internacionales y regionales encargadas de mantener la paz y la seguridad y de proteger los derechos humanos universales.
Por último, la democracia y el Estado de Derecho están en franco declive en todo el mundo. Las ideas extremistas se están convirtiendo en algo habitual en la sociedad y en el discurso político de muchos países, incluso democráticos. Aumentan las desigualdades dentro de los países y entre ellos. Ninguna nación se libra de la preocupante tendencia a la regresión de los derechos humanos. Como en todos los periodos de crisis o inestabilidad, son las mujeres quienes pagan el precio más alto.
En este contexto, cada vez son más las voces, sobre todo de los países del Sur, que reclaman la reforma de las Naciones Unidas.
La eficacia de esta institución intergubernamental creada por los Estados depende de la voluntad política de sus Estados miembros, de la que hoy carece en gran medida para garantizar la seguridad colectiva y asegurar la responsabilidad en la protección de los derechos humanos y de las poblaciones civiles. Este imperativo de reforma e incluso de renovación del sistema internacional estuvo en el centro de los debates de la 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York el mes pasado.
Con motivo de la "Cumbre para el Futuro", el Secretario General Antonio Guterres afirmó que "no podemos forjar el futuro de nuestros nietos con un sistema diseñado para nuestros abuelos", instando a los líderes mundiales a relanzar y reforzar la colaboración multilateral para afrontar mejor las amenazas y retos existenciales del siglo XXI.
En la Cumbre se adoptó un Pacto de Futuro para reformar y reforzar el sistema multilateral, centrado en 5 prioridades: desarrollo sostenible y financiación del desarrollo; paz y seguridad internacionales; ciencia, tecnología e innovación y cooperación digital; juventud y generaciones futuras; y transformación de la gobernanza mundial.
En la Cumbre se adoptaron otros dos documentos: un Pacto Digital Global, que constituye el primer acuerdo universal sobre inteligencia artificial y también pretende reducir las brechas digitales, y una Declaración sobre las Generaciones Futuras, que insta a los líderes a ejercer un liderazgo orientado al largo plazo que implique la participación de los jóvenes en todas las decisiones que les conciernen.
Estos Pactos y esta Declaración pretenden ser el punto de partida de reformas encaminadas a restablecer la confianza en las instituciones, lo que implicará reformar el Consejo de Seguridad y las instituciones financieras internacionales, y garantizar que el sistema multilateral revitalizado refleje mejor los problemas mundiales de nuestro tiempo, en particular promoviendo una mejor representación de los países en desarrollo y poniendo fin a la marginación de África en los órganos internacionales de toma de decisiones.
Los temas transversales que animaron los debates que condujeron a la adopción de estos tres textos en la Asamblea General de las Naciones Unidas están íntimamente ligados a los de la conferencia que hoy nos reúne: justicia, derechos humanos y paz.
Aunque es difícil afirmar que puedan lograrse hoy, hay que decir que estos avances representan ya un paso adelante, porque para abordar un problema, primero hay que reconocerlo. El hecho de que estos debates en torno a las reformas indispensables para una nueva gobernanza mundial capaz de hacer frente a los retos del futuro de la humanidad estén impulsando la reflexión de los dirigentes mundiales augura la posibilidad de un nuevo comienzo.
Incluso si es obvio que habrá resistencia a este imperativo de reforma, ya que los que están en el poder suelen ser reacios al cambio.
También significará proporcionar un marco mejor a los agentes privados, el mundo empresarial y los grupos de presión, cuya influencia en el mundo político es cada vez mayor. No hay más que ver la influencia de estos lobbies en Bruselas o Washington para comprender su capacidad de presión sobre los responsables políticos.
Para avanzar en la dirección correcta, necesitamos un auténtico liderazgo mundial centrado en las necesidades de las generaciones presentes y futuras, y una voluntad política más firme para traducir las palabras en acciones, los compromisos en obligaciones y las resoluciones en resultados.
Señoras y señores,
En el corazón de esta globalización salvaje, de esta geopolítica cínica y de esta era de impunidad se encuentra la RDC, un país asolado por más de un cuarto de siglo de guerras crónicas de agresión por motivos económicos viles.
De hecho, el sistema económico globalizado se basa en gran medida en los recursos mineros y las riquezas naturales que abundan en la RDC. Estas materias primas estratégicas son esenciales para el crecimiento económico de las grandes potencias y generan beneficios colosales para empresas que prestan poca atención al origen de estos minerales.
La inestabilidad política y de seguridad que sufre el pueblo congoleño desde hace 30 años se mantiene gracias a guerras por poderes en las que los países vecinos, que disponen de una auténtica licencia para matar por parte de las grandes potencias, son utilizados para desestabilizar y saquear el este del Congo con el fin de satisfacer las necesidades mineras de las multinacionales y del mercado mundial a bajo coste, mientras dejan a la población congoleña y a nuestras comunidades heridas y traumatizadas en un estado de pobreza inaceptable.
Así pues, son muchos los intereses en juego en la puja por hacerse con los recursos naturales y los minerales estratégicos del Congo, y muchos los Estados y actores privados que salen ganando con el mantenimiento de la inestabilidad y el caos organizado para saquear el país.
La enésima agresión del ejército ruandés desde el resurgimiento del M23 en noviembre de 2021, en flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, se inscribe en este mismo enfoque.
La Representante Especial del Secretario General de la ONU en la RDC, la Sra. Bintou Keita, informó en un discurso ante el Consejo de Seguridad el 30 de septiembre que: "En Kivu Norte, la consolidación del control administrativo del M23 sobre los territorios de Masisi y Rutshuru le ha permitido establecer un control total sobre la producción de coltán". Y añadía: "El comercio en la región de Rubaya, que se dice que suministra más del 15% de la producción mundial de tantalio, hace ganar al grupo armado unos 300.000 dólares al mes".
En efecto, numerosos informes de la ONU y de la sociedad civil han documentado que el control de las materias primas estratégicas, de las que una gran parte de las reservas mundiales se encuentran en el este del Congo, está íntimamente ligado a las guerras de agresión y ocupación reincidentes, llevadas a cabo por los regímenes de Kampala y Kigali desde los años 90 al amparo de diversos movimientos pseudorrebeldes (AFDL, RCD-Goma, CNDP, M23), con consecuencias dramáticas para la sociedad congoleña: más de 6 millones de muertos, más de 7 millones de desplazados e innumerables mujeres violadas.
Es el conflicto más mortífero desde la Segunda Guerra Mundial y una de las peores crisis humanitarias de los tiempos modernos, pero se pasa por alto debido a la falta de atención mediática, voluntad política y financiación para responder al desastre humanitario.
Esta indignación selectiva llevó al Director General de la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Tetros Adhanom Ghebreyesus, a expresar su asombro ante el doble rasero que encuentra en diversos focos de crisis en todo el mundo, afirmando: "No sé si el mundo presta realmente la misma atención a las vidas de blancos y negros". Formular la pregunta es responderla.
Señoras y señores,
En la actualidad, los países económicamente avanzados están planificando la descarbonización de sus economías para frenar la crisis climática. La Unión Europea ha fijado 2035 como fecha límite para pasar a ser "totalmente eléctricos", y la Agencia Internacional de la Energía (AIE) calcula que la demanda de minerales esenciales para la transición energética se triplicará en 2030 y se cuadruplicará en 2040.
Por tanto, aumentará la presión sobre la RDC, que es la principal fuente mundial de cobalto, con dos tercios del suministro mundial del metal utilizado en las baterías, y constituirá un importante reto geoestratégico para la economía mundial en las próximas décadas.
Si varias generaciones de congoleños ya han sido sacrificadas por la revolución digital y de las comunicaciones gracias al coltán, no podemos aceptar sin reaccionar que las generaciones futuras sean aún más subyugadas y aniquiladas para que el mundo económicamente desarrollado pueda avanzar hacia una transición energética supuestamente "verde", ¡pero en realidad "roja" con la sangre de mujeres y niños congoleños!
Señoras y señores,
En este contexto, es urgente que el mundo político y económico, y los ciudadanos-consumidores, superen su indiferencia para poner fin a la paradoja de la abundancia y a la tragedia congoleña.
Como señaló el Papa Francisco durante su visita a Kinshasa en 2023: "Tras el colonialismo político, se ha desencadenado un 'colonialismo económico' igualmente esclavizante. Como resultado, este país, en gran parte expoliado, es incapaz de sacar suficiente provecho de sus inmensos recursos: hemos llegado a la paradoja de que los frutos de su tierra la convierten en 'extranjera' para sus habitantes."
Ya es hora de cambiar de rumbo y transformar los minerales conflictivos en minerales para la paz y el desarrollo. La dignidad humana y la justicia social deben situarse en el centro de los intereses económicos y de los esfuerzos por construir una globalización sana y una paz duradera en la RDC.
Sin embargo, en el contexto de la globalización económica, en el que Occidente ya no domina el mundo, la codiciosa y corrupta clase dirigente congoleña, sin contacto con el pueblo, está vendiendo los recursos naturales y minerales del país, principalmente a China, cuyo peso económico y militar le permite operar en África como una fuerza neocolonial que, además, no se molesta en las narrativas de "misión civilizadora" o "promoción de los derechos humanos", que habían sido prerrogativa del mundo occidental durante 150 años.
Me gustaría llamar la atención de la audiencia sobre el hecho de que la Unión Europea (UE), cuyo valor añadido se basa en los valores consagrados en sus textos fundacionales, firmó un memorando de entendimiento con Ruanda en febrero de 2024 para promover el desarrollo de cadenas de valor "sostenibles" y "resilientes" para las materias primas, mientras que fuentes concordantes informan de que la guerra de agresión impuesta por Ruanda a la RDC encuentra su principal motivación en el saqueo y la ocultación internacional de materiales estratégicos presentes en suelo congoleño.
Esta falta de coherencia de la Comisión Europea con el marco normativo europeo ilustra una pérdida de los valores fundamentales de la UE en sus relaciones con el resto del mundo, y un cinismo creciente en las relaciones internacionales que se traduce en el sacrificio de la dignidad humana en aras de intereses económicos y geoestratégicos.
Además, la responsabilidad de las élites congoleñas, que con demasiada frecuencia confunden sus intereses personales con el bien común al vender el país y erigir un sistema de depredación generalizada, debe abordarse con urgencia si queremos poner fin a la perpetuación del drama congoleño y ver surgir al frente del país a un liderazgo respetado que por fin sea capaz de forjar alianzas beneficiosas para todos con el resto del mundo.
Este nuevo paradigma sólo será posible si existe una creciente solidaridad entre los países africanos y una mayor integración de la Unión Africana.
Señoras y señores,
Este empoderamiento de la clase dirigente de la RDC es también esencial para galvanizar la voluntad política necesaria para abordar las causas profundas de la violencia, a saber, la explotación ilícita y la exportación ilegal de recursos mineros (1) y la cultura de la impunidad (2), que constituyen el núcleo de nuestros esfuerzos de defensa.
1. Explotación y comercio ilegales de recursos naturales
Ya hemos mencionado que la guerra en la RDC es principalmente económica, y se asemeja a un gran crimen transnacional en el que Ruanda y Uganda han sido los principales actores durante 25 años, con la complicidad de multinacionales y ciertos políticos y militares congoleños codiciosos y corruptos.
Diversos informes han establecido que el expolio de los recursos agrícolas, forestales y mineros presentes en grandes cantidades en el este del Congo es una de las causas profundas del conflicto y la inestabilidad. La correlación entre la explotación ilegal y la depredación de los recursos minerales y naturales y las graves violaciones de los derechos humanos, incluido el uso de la violación y la violencia sexual como arma de guerra, ha sido ampliamente documentada, especialmente en el Informe de Mapeo de la ONU.
Para frenar la economía de guerra que está en el origen del sufrimiento de las comunidades del este del país, hay que acabar con los vínculos entre los grupos armados congoleños y extranjeros y las empresas mineras, las redes de contrabando y tráfico y los opacos canales de suministro transfronterizos.
Se han puesto en marcha diversas iniciativas para asegurar una trazabilidad fiable y garantizar que la extracción de minerales no está vinculada al trabajo infantil, la explotación sexual de las mujeres o las actividades de grupos armados.
Entre ellas figuran la Guía de Diligencia Debida para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales procedentes de Zonas de Alto Riesgo y de Conflicto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la ley marco estadounidense Dott Franck, la normativa de la Unión Europea y el mecanismo de certificación de la Conferencia Internacional para la Región de los Grandes Lagos.
Estas iniciativas son un paso en la buena dirección, pero no son suficientes, ya que no son vinculantes para todos los eslabones de la cadena, y la corrupción a alto nivel obstaculiza la consecución de los objetivos de las iniciativas. Además, a algunos gigantes económicos no les preocupan estas normas, en particular a China, actor clave en el saqueo de los recursos de la RDC y país conocido por la transformación de los productos que inundan nuestros mercados.
Así, los esfuerzos por promover la diligencia debida y garantizar la trazabilidad no han logrado hasta ahora impedir que grandes cantidades de minerales se exporten ilegalmente a países vecinos como Ruanda y Uganda.
A modo de ejemplo, un estudio de la ONG Global Witness muestra que "solo el 10% de los minerales exportados por Ruanda se habían extraído realmente en su territorio, el 90% restante se había introducido de contrabando desde la RDC". Es más, según la Oficina de Minas de Ruanda, en 2023 sus ingresos por exportación de minerales habían aumentado un 43%, alcanzando más de 1.100 millones de dólares.
Estas cifras atestiguan la profunda motivación de la reciente guerra de agresión emprendida por las Fuerzas de Defensa Ruandesas y el M23, que, gracias a la ocupación de amplias zonas de Kivu Norte, incluida la región de Rubaya, rica en minas, está generando un fuerte aumento de las exportaciones de minerales conflictivos desde Ruanda.
Como señaló la Sra. Keita ante el Consejo de Seguridad "El blanqueo criminal de los recursos naturales de la RDC exportados clandestinamente fuera del país refuerza a los grupos armados, sostiene la explotación de las poblaciones civiles, algunas de las cuales se ven reducidas a la esclavitud de facto, y socava los esfuerzos para restablecer la paz." Subrayó con razón que: "a menos que se impongan sanciones internacionales a quienes se benefician de este comercio criminal, la paz seguirá siendo esquiva y los civiles continuarán sufriendo" .
Señoras y señores,
Si queremos acabar con la inestabilidad en la RDC, es imperativo garantizar una trazabilidad completa desde los lugares de extracción en las minas del este del Congo hasta el producto acabado que adquieren los consumidores de todo el mundo.
Además, deben establecerse mecanismos vinculantes de control y rendición de cuentas a escala nacional, regional e internacional para garantizar la transparencia de la cadena de suministro y la rendición de cuentas sobre los riesgos sociales y medioambientales.
Por último, también hay que invertir masivamente en la transformación de las materias primas, para acortar el eslabón entre la mina y el lugar donde se procesa el mineral. De este modo, se facilitará el control de la cadena y de sus participantes, y el país productor podrá generar un verdadero valor añadido, lo que hará posible compartir los beneficios aguas arriba en la cadena, permitiendo a las comunidades locales beneficiarse de los dividendos de las riquezas del subsuelo nacional.
Hoy tenemos que evitar repetir los errores de la revolución de las nuevas tecnologías de la comunicación del pasado, para garantizar que la transición energética verde sea justa, equitativa, sostenible y libre de conflictos para las comunidades y países de los que se extraen los minerales necesarios para frenar la crisis climática.
El camino hacia la paz pasará también por la justicia.
2. El imperativo de la justicia
Ante el evidente fracaso de todos los intentos de encontrar soluciones políticas y de seguridad para poner fin a la violencia armada, debemos combatir la cultura de la impunidad que alimenta la repetición de crímenes masivos y representa, por tanto, un grave obstáculo para cualquier intento de encontrar una paz duradera.
Todos los días se cometen en la RDC, como meras noticias, crímenes que desafían la imaginación y deberían conmocionar profundamente la conciencia de la humanidad, en un clima imperante de indiferencia, que contribuye a la devaluación de la vida humana y a la repetición de atrocidades masivas.
Deben establecerse todos los niveles de responsabilidad -individual y estatal-. La justicia es la pieza que falta en el rompecabezas de la RDC para romper el círculo vicioso de violencia e impunidad. No podemos seguir haciendo la vista gorda ante las atrocidades cometidas en la RDC durante más de un cuarto de siglo. Ha llegado el momento de poner de relieve las estrechas interconexiones entre la prevención de conflictos, la justicia transicional, la consolidación del Estado de derecho y la construcción de la paz.
Este es el objetivo de nuestros esfuerzos de promoción para poner en práctica las recomendaciones del Informe sobre las violaciones más graves de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas entre marzo de 1993 y junio de 2003 en el territorio de la RDC, publicado hace 14 años por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Señoras y señores,
No puede haber paz duradera sin justicia. Como todos los pueblos, los congoleños tienen derecho no sólo a la paz, condición indispensable para el disfrute de todos los derechos humanos, sino también a la justicia, la verdad, la reparación y las reformas institucionales destinadas a garantizar que los crímenes más graves no se repitan.
La utilización de todos los mecanismos de justicia transicional es la principal recomendación del informe Mapping . Entre los 617 crímenes documentados por este informe, que pueden calificarse de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o incluso elementos constitutivos del delito de genocidio, no sólo hay pacientes asesinados en sus camas de hospital, sino también mujeres que fueron enterradas vivas tras ser violadas y empaladas, y creyentes que buscaron refugio en iglesias y murieron quemados. Estos gravísimos crímenes no prescriben y no deben caer en el olvido ni quedar impunes.
Frente a la magnitud de los crímenes que asolan nuestro país desde hace décadas, la justicia congoleña, demasiado a menudo minada por la corrupción, las injerencias políticas y la falta de independencia, no dispone de los medios necesarios para hacer frente a los retos de la impunidad. Además, la dimensión internacional de estos conflictos exige una respuesta internacional de la justicia.
En este contexto, la Fundación Panzi publicó en 2021 una nota en la que pedía la adopción de una estrategia nacional holística de justicia transicional en la RDC. Esta estrategia debería combinar mecanismos judiciales y no judiciales, que son complementarios.
Para romper el ciclo de violencia e impunidad, el procesamiento debe estar en primera línea de las medidas de justicia transicional. Es un requisito previo para la reconciliación y el restablecimiento de la paz.
Aunque el presidente Félix Tshisekedi prometió en 2020 incluir la justicia transicional en la agenda del gobierno, sólo se ha creado un mecanismo no judicial, el Fondo Nacional de Reparaciones -FONAREV-, pero aún no es operativo ni efectivo, lo que está causando mucha decepción entre las víctimas.
Además, a pesar de la puesta en marcha de un proceso de consulta popular sobre la justicia transicional a instancias del Ministro de Derechos Humanos en 2022 y de la creación de un Comité Científico encargado de elaborar el proyecto de política nacional de justicia transicional en la RDC, esta política sigue sin adoptarse hasta la fecha, y deploramos que el programa de acción del gobierno para 2024-2028 sólo contenga una mención cosmética a la justicia transicional.
Esta amarga observación demuestra que no existe una verdadera voluntad política por parte del régimen actual para hacer avanzar la justicia transicional en la RDC, lo cual es muy lamentable, pero no sorprendente, dado que los criminales de guerra han cambiado sus uniformes por puestos en las instituciones y el gobierno.
Señoras y señores,
Los congoleños también tienen derecho a su propio Nuremberg. Por eso, junto con las víctimas y los supervivientes, pedimos la creación de un Tribunal Penal Internacional para el Congo y/o de salas mixtas especializadas.
Además, insistimos en la urgente necesidad de reformar el sector de la seguridad y de poner en marcha un procedimiento para investigar a las fuerzas de seguridad y defensa, así como a los servicios de inteligencia.
Tras décadas de negación, manipulación y mentiras, la búsqueda de la verdad es esencial para establecer la responsabilidad de los actores estatales y no estatales, evitar que se repitan las atrocidades, sentar las bases de una sociedad sin traumas y promover la reconciliación en el seno de la sociedad congoleña y entre los países de la región de los Grandes Lagos.
Además, teniendo en cuenta el tiempo necesario para la creación de las jurisdicciones penales internacionales y/o híbridas que se establezcan, instamos a la comunidad internacional y a las autoridades congoleñas a que faciliten lo antes posible el despliegue de un equipo de investigadores integrado en la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que incluya expertos en antropología forense, para proceder a la exhumación de las numerosas fosas comunes con el fin de preservar y recoger pruebas de actos susceptibles de constituir crímenes internacionales perpetrados en la RDC.
Este proceso de exhumación, que es un requisito previo para el procesamiento y juicio de los autores y sus patrocinadores como parte de la estrategia de justicia transicional que se aplicará en la RDC, permitirá dar un entierro digno a los fallecidos y que las familias puedan guardar luto.
Señoras y señores,
Para paliar la falta de iniciativas y de acción por parte del gobierno, los esfuerzos de la sociedad civil continúan, y nos congratulamos de la publicación, en julio de 2024, del informe documental sobre los casos de crímenes graves cometidos en la provincia de Kivu del Sur entre 1994 y 2024. Este proyecto de investigación y cartografía, realizado con el apoyo de TRIAL International en colaboración con Initiative Congolaise pour la Justice et la Paix (ICJP), tiene como objetivo identificar las violaciones graves de los derechos humanos que podrían constituir crímenes internacionales.
También complementa y actualiza el trabajo de cartografía realizado en el marco del proyecto de cartografía de las Naciones Unidas -que sólo abarcaba el período comprendido entre 1993 y 2003- y pretende servir de modelo para los agentes de la sociedad civil de otras provincias de la RDC.
Por lo tanto, pedimos que esta iniciativa de mapeo se duplique en todo el país, para poner de manifiesto desde la base el imperativo de que las autoridades nacionales desplieguen la voluntad política de aplicar los diversos mecanismos de la justicia transicional.
Se trata de un requisito previo para evitar que se repitan las atrocidades pasadas y presentes, sanar nuestra sociedad enferma, establecer el Estado de derecho y criar a nuestros hijos en una cultura de derechos humanos y paz.
También pedimos a la Corte Penal Internacional que prosiga sus investigaciones y enjuiciamientos en la RDC por actos cometidos después del 1 de julio de 2002, fecha de entrada en vigor del Estatuto de Roma, y también animamos a los Estados europeos a que utilicen el principio de "jurisdicción universal" para investigar y enjuiciar los delitos graves cometidos en la RDC, especialmente los enumerados en el informe Mapping. Es hora de que Francia deje de hacer desfilar a los criminales por las alfombras rojas de París, y de que se enfrenten a una línea roja, la de la ley.
Señoras y señores,
Como hemos visto, existen soluciones y la paz y la justicia son posibles en el corazón de África. Pero mientras falte la voluntad política de garantizar una buena gestión de los minerales basada en el desarrollo local sostenible y el bienestar de la población, y de poner de relieve el valor añadido de la justicia transicional, una supuesta élite político-militar corrupta que actúa en connivencia con países vecinos desestabilizadores apoyada por ciertas potencias y multinacionales seguirá enriqueciéndose, y la inmensa mayoría de nuestra población seguirá languideciendo en el sufrimiento y la pobreza.
También quisiera alertar al mundo occidental, a la Unión Europea y a Francia de las consecuencias de la indignación selectiva y del humanismo de geometría variable: mientras que África se presenta a menudo como el continente del futuro, la negación de la justicia y de la democracia lleva a una nueva generación de africanos a rechazar cada vez más a los países europeos, y esta frustración latente corre el riesgo de hacerse patente si no creamos un entorno propicio al desarrollo y a la paz.
¡Es urgente cambiar de rumbo! Como todos los pueblos, la nación congoleña tiene derecho a controlar sus recursos y a vivir en paz, libre de injerencias extranjeras.
El derecho internacional y la justicia deben aplicarse por igual en todas partes. Deben establecerse todos los niveles de responsabilidad -nacional, regional e internacional- y Ruanda y Uganda deben rendir cuentas por sus reiterados actos de agresión y su papel protagonista en el saqueo de los recursos naturales y minerales y en la comisión de los crímenes más graves en la RDC.
Sólo entonces los países de la región de los Grandes Lagos podrán reconciliarse y coexistir pacíficamente, y la RDC podrá honrar a sus muertos con dignidad, curar sus heridas y construir una nación libre de explotación, sufrimiento, humillación e injusticia para las generaciones futuras.
Llamamos a una movilización general, a escala nacional, regional e internacional, en apoyo de las poblaciones mártires del Congo, para avanzar en el camino de la paz y la justicia.
Juntos, ciudadanos y responsables políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, construyamos una paz duradera y rechacemos toda violación de nuestros derechos fundamentales y el deslizamiento hacia regímenes autoritarios e inegalitarios; permanezcamos activos y vigilantes cada día para tender puentes, difundir la verdad, trabajar por la solidaridad en un espíritu de fraternidad y cooperación; y reafirmemos nuestra fe en la dignidad humana, la igualdad entre todos y la libertad para todos.
Muchas gracias.
Dr. Denis Mukwege