24 de febrero de 2023 - A pesar de la esperanza suscitada, las promesas están lejos de cumplirse.
Introducción
Hace diez años, el 24 de febrero de 2013, la firma del "Acuerdo Marco de Addis Abeba sobre la Paz, la Seguridad y la Cooperación en la República Democrática del Congo y la Región" por once Estados y cuatro instituciones internacionales y regionales, a saber, las Naciones Unidas (ONU), la Unión Africana (UA) la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (CIRGL) y la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC), también conocidos como los "colíderes", había suscitado esperanzas de un mañana mejor tras décadas de conflicto, inestabilidad, explotación y sufrimiento.
De hecho, fue la primera iniciativa de paz para poner fin al conflicto más mortífero desde la Segunda Guerra Mundial y abordar las causas profundas de la violencia y las guerras recurrentes en el este de la República Democrática del Congo (RDC). El Estado congoleño, los países de la región y la comunidad internacional parecían comprometidos a lograr una paz duradera en la RDC y en la región de los Grandes Lagos mediante un enfoque integral.
El objetivo de neutralizar y desmovilizar a los grupos armados, tanto nacionales como extranjeros, y la reafirmación de los principios básicos del derecho internacional se sumaron a diversos compromisos de la RDC, los Estados vecinos y la comunidad internacional.
Los compromisos contraídos por los Estados y la comunidad internacional en virtud del Acuerdo Marco
El gobierno congoleño se comprometió a reformar en profundidad el sector de la seguridad, a consolidar la autoridad del Estado en las provincias orientales del país y a promover la reforma de las instituciones del país. Los países de la región acordaron respetar la soberanía y la integridad del país y no interferir en sus asuntos internos, no tolerar ni proporcionar ayuda a grupos armados, reforzar la cooperación regional, no dar cobijo ni protección a personas implicadas en crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio o crímenes de agresión, y facilitar la administración de justicia mediante la cooperación judicial en la región.
Por parte de la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad de la ONU se comprometió a seguir siendo consciente de la importancia de apoyar la estabilidad a largo plazo de la RDC y la región de los Grandes Lagos. Este compromiso se vio respaldado por un mandato reforzado para la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC (MONUSCO), con una brigada de intervención autorizada a poner fin a la violencia armada por cualquier medio necesario y el nombramiento de un Enviado Especial para animar a los signatarios a cumplir sus obligaciones en virtud del Acuerdo Marco y coordinar un proceso político global para encontrar soluciones duraderas que aborden las causas profundas del conflicto.
Además, el Grupo del Banco Mundial y los socios internacionales, entre ellos la Unión Europea (UE), Bélgica, los Estados Unidos de América, Francia y el Reino Unido, también renovaron su compromiso de seguir participando en la consolidación de esta estrategia de paz y desarrollo.
Además, el Acuerdo Marco preveía un mecanismo regional de seguimiento, principal órgano de control interno, encargado de hacer balance una vez al año, a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno, de los progresos realizados en la aplicación de los compromisos contraídos por los países signatarios y los "copatrocinadores" (mecanismo 11+4), sobre la base de criterios detallados y de un calendario preciso para avanzar hacia la consecución de acciones concretas y objetivos específicos. La RDC también ha creado un mecanismo nacional para supervisar la aplicación de los compromisos adquiridos a escala nacional.
Por último, la sociedad civil, en particular las organizaciones de mujeres y jóvenes, participa en la evaluación de los avances para garantizar la aplicación efectiva de los mecanismos de seguimiento de este "Acuerdo de la Esperanza", que no puede quedarse en un "mero trozo de papel", como dijo el Presidente de Estados Unidos, Barak Obama, ni en una preocupación de diplomáticos e instituciones.
Incumplimiento de los compromisos y sus consecuencias
1. A nivel de la comunidad internacional
¿Qué conclusiones podemos sacar 10 años después de la firma del Acuerdo Marco bajo los auspicios de la ONU y bajo el impulso de una fuerte voluntad política internacional?
Mientras el país se ve amenazado por intentos de fragmentación, atraviesa una crisis de legitimidad política, se enfrenta al resurgimiento del activismo de los grupos armados y a otra guerra de agresión y ocupación con dramáticas repercusiones en la situación humanitaria y de los derechos humanos, la tragedia congoleña -donde el número de muertos, mujeres violadas y desplazados se cuenta por millones- ya no parece ocupar un lugar prioritario en la agenda de la comunidad de Estados.
La MONUSCO, cuyo mandato se renovó en diciembre de 2022, se plantea una retirada en 2024, mientras la inseguridad crece, el Estado de derecho no se restablece y la democracia no se consolida. Lamentamos que, a pesar de su mandato otorgado por el Consejo de Seguridad sobre la base del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, la fuerza MONUSCO y la Brigada de Intervención no hayan llevado a cabo operaciones suficientemente eficaces, solas o en cooperación con las fuerzas de seguridad congoleñas, operaciones más eficaces y explotado todas las medidas necesarias para frenar el clima de inseguridad generalizada que sigue reinando en el este de la RDC, y que estas fuerzas no hayan eliminado la amenaza que representan los grupos armados congoleños y extranjeros, lo que provoca una gran frustración entre la población congoleña.
Además, a pesar de la adopción por la Oficina del Enviado Especial del Secretario General de una "Estrategia de las Naciones Unidas para la consolidación de la paz, la prevención y la resolución de conflictos en la región de los Grandes Lagos", los esfuerzos realizados no han desembocado en un proceso global que conduzca a una paz duradera ni han movilizado una verdadera voluntad política y buena fe de las partes para la aplicación efectiva de los compromisos contraídos en Addis Abeba en 2013.
Sin embargo, los Estados Unidos de América y la UE, que en el momento de la firma del Acuerdo Marco nombraron Enviados Especiales para la Región de los Grandes Lagos, no han renovado estos importantes mandatos, señal de desentendimiento diplomático de una región martirizada que sigue siendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales y que tiene potencial para desempeñar un papel de primer orden en la economía mundial y en la transición energética.
En este contexto, el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) ha colocado a la RDC en el primer puesto de la clasificación de desatención internacional de 2021, basándose en 3 criterios: falta de voluntad política internacional, falta de interés de los medios de comunicación y falta de ayuda internacional. Además, según la investigación del NRC, la RDC ha estado constantemente en la lista de las 10 crisis más desatendidas durante muchos años.
Esto resulta especialmente amargo si se tiene en cuenta que la situación humanitaria es una de las más dramáticas del mundo, con un tercio de la población pasando hambre, una cuarta parte necesitada de asistencia humanitaria y protección, y que el número de desplazados internos -casi 6 millones, la mayoría mujeres y niños- es el más alto de África.
A pesar de la situación actual sobre el terreno, ¿qué ha pasado con los compromisos adquiridos por los países en virtud del Acuerdo Marco? Está claro que las promesas hechas en el Acuerdo Marco están lejos de cumplirse.
2. At the level of the Congolese state
The DRC has failed to take concrete action to initiate a thorough reform of the security sector, including cleaning up the police, army and intelligence services, institutions that remain infiltrated at all levels following previous peace agreements that integrated elements of armed rebel groups, both Congolese and foreign, into the institutions of the Republic under the principle of inclusiveness.
The lack of comprehensive reform of the Congolese security and defense forces has prevented the state from deploying its authority in large parts of the country and has left the nation in a weak position to ensure security and protect civilians, and unable to guarantee national sovereignty and territorial integrity.
The justice and prison sectors are also among the institutional reforms that have not been completed but are of primary importance for building the rule of law, thus contributing to the continuation of the culture of corruption and impunity and undermining citizens’ confidence in its institutions.
In addition, the establishment of a state of siege since May 2021 in the provinces of Ituri and North Kivu has not only failed to neutralize the capacity of armed groups to cause harm – notably the ADF, CODECO and FDLR – but has paradoxically contributed to an increase in insecurity and a doubling of the number of abuses committed against civilians. Moreover, this regime, which is supposed to be exceptional but has been renewed every 15 days for almost two years, is leading to a growing number of human rights violations and a narrowing of the space for democratic freedoms, mortgaging the participation of the citizens of two of the country’s most densely populated provinces in the general elections scheduled for December 2023. Thus, we advocate the end of the state of siege and the return to public management by the services of the civil administration.
Faced with the failure to secure the provinces in conflict, the Congolese authorities entered into bilateral security cooperation with Uganda and Burundi, which contributed to the deterioration of relations with Rwanda and a resumption of its policy of armed interventionism. Second, the DRC joined the East African Community (EAC), an organization composed largely of neighboring countries that are responsible for the plundering of natural resources, the commission of the most serious crimes and the destabilization of the DRC.
We warned national and international authorities in good time about the dangers of this firefighter’s strategy of seeking to stabilize the country with the help of destabilizing states. However, Kinshasa has pursued this policy of outsourcing its security to third countries that are much more motivated by geostrategic and economic interests than by the protection of civilians. Thus, the Congolese state has committed itself to a new sub-regional security cooperation by accepting the intervention of a regional EAC force to put an end to the activism of armed groups, which will therefore be in the same theater of operations as the UN force and its intervention brigade, which support the national security and defense forces under the authority of the Security Council.
This new force, which is still being deployed, underfunded and poorly coordinated with MONUSCO, is leading to a worrying over-militarization in eastern Congo and is akin to a new occupation force, as evidenced by the fact that the Armed Forces of the DRC (FARDC) are being denied entry into the territories occupied by the March 23 Movement (M23) and placed under the control of the regional force, in defiance of Congolese sovereignty.
The balance of power, unfavorable to the DRC due to the weakness of its military response, has led to diplomatic initiatives at the regional level, resulting in the Nairobi process, under the auspices of the EAC, and the Luanda process, under the auspices of the AU, where the Congolese authorities are forced to negotiate with aggressor states and engage in dialogue with national and foreign armed groups.
In this context of heightened insecurity, over-militarization of the region, and ongoing negotiations, armed groups are not inclined to surrender their weapons because they are aware that the scale and level of cruelty of the crimes they commit with impunity against civilians opens up opportunities at the negotiating table. In addition, elements of the armed groups have shown a lack of confidence in joining the new government DDR program following the appointment of a former rebel with close ties to the M23 as program coordinator, jeopardizing the implementation of these important non-military measures.
3. At the level of the countries of the region
Non-compliance by countries in the region has been the norm rather than the exception, and bad faith has characterized the follow-up to the implementation of the Framework Agreement, particularly by the regime in Kigali. Neighbouring countries have continued with impunity to violate basic principles of international law by violating the sovereignty and territorial integrity of the DRC and by intervening directly and/or supporting armed groups to plunder and exploit the mineral resources in the east of the country, much of which reaches the world market via Kampala, Kigali and Bujumbura, in complicity with a greedy and corrupt Congolese elite. This economic war imposed on the Congolese is thus prolonged and aggravates an already dramatic humanitarian situation.
This catastrophic picture has been further exacerbated since the end of 2021 by the resurgence of the M23, which was defeated in 2013 but is again supported directly and indirectly by the Rwandan Defense Forces (RDF), notably by providing arms, ammunition and uniforms, as attested by numerous investigations, including by the UN Group of Experts. The RDF not only continues to intervene directly in the DRC, but also provides direct support to an armed group that has occupied large parts of the strategic mineral-rich province of North Kivu for almost 9 months, obstructing access to humanitarian aid and waging war not only on the FARDC but also on UN peacekeepers! This collusion between the RDF and the M23, which is under UN and EU sanctions, illustrates the Rwandan authorities’ contempt for the spirit and letter of the Framework Agreement, despite the commitments they made ten years ago.
This war of aggression and occupation has already had dramatic humanitarian consequences, with women and children paying the heaviest price and constituting the overwhelming majority of displaced and persecuted people fleeing fear and terror. Among other daily abuses in eastern Congo, the UN, Human Rights Watch and Amnesty International documented mass atrocities committed in late November 2022 by M23 elements with Rwandan army support in Kishishe and Bambo, less than 100 km north of Goma, in Rutshuru Territory, North Kivu, in a campaign of murder, rape, abduction, looting and destruction. If brought to trial, these acts could be qualified as war crimes or even crimes against humanity.
The human toll of these massacres remains difficult to determine in the absence of serious national or international judicial investigations, but the number of unarmed people summarily executed by gunshot or stabbing can be counted in the dozens, and Amnesty International has documented through interviews with survivors and eyewitnesses 66 cases of rape, most of which were gang rapes and sometimes in the presence of the children of the raped women. In addition, there is consistent evidence that M23 commanders visited local health centers and looted available stocks of condoms before carrying out their campaign of terror, demonstrating that these mass and systematic rapes as a method of warfare are premeditated and planned by the military and political hierarchy of the occupying forces in order to terrorize the population into displacement or subjugation and to capture their resources.
Uganda and Burundi have also continued to intervene directly or through armed groups to seize Congolese resources and consolidate their national and geostrategic interests.
In addition to their repeated attacks on national integrity and sovereignty and their support for various armed groups, the countries of the region have not honored their commitments to fight impunity.
Countries in the region committed to facilitate the administration of justice through enhanced regional judicial cooperation and not to harbor or provide protection to those involved in the most serious international crimes in order to end impunity for the perpetrators and instigators of the armed violence that has plagued eastern Congo for more than a quarter century.
Despite the Nairobi Declaration on Justice and Governance and the existence of the Great Lakes Judicial Cooperation Network, it is clear that the political will of the states concerned is lacking to bring to justice the alleged perpetrators of international crimes committed in the DRC. Indeed, to date, no prosecution by neighboring third countries has been initiated against those involved in the commission of war crimes, crimes against humanity, or even acts of genocide committed in the martyred provinces of the eastern part of the Congo. For example, Laurent Nkunda, former warlord and commander of the National Congress for the Defense of the People, the armed group from which the M23 emerged, is in Rwanda and has never been held accountable to Rwandan justice, even though the Security Council has called on all parties in various resolutions to bring to justice those responsible for international crimes committed in the DRC.
Thus, the Congolese population has been plunged into suffering, fear and exile due to the continued looting and illegal exploitation of mineral resources, the persistence and even the renewed activism of armed groups and negative forces acting as proxies for neighboring countries the ever-increasing number of displaced persons and refugees and its alarming humanitarian impact, and the widespread impunity enjoyed by the perpetrators and sponsors of the most serious violations of human rights and international humanitarian law, including the use of sexual violence as a method of war.
Moreover, despite regional efforts to de-escalate the crisis through the Nairobi and Luanda processes, these diplomatic and political initiatives have failed to “silence the guns” and have not resulted in the expected de-escalation: while calls for a cessation of hostilities and withdrawal from the occupied territories are reiterated at every summit, no ultimatum or cease-fire agreement reached by regional heads of state has been followed through.
On the contrary, the M23 is extending its influence, continuing its exactions against the civilian population and continuing to advance to the gates of Goma, reviving the spectre of the crisis provoked by the same actors in 2012 when the capital of North Kivu Province and its surroundings were occupied by the M23, and thus highlighting a political impasse at the regional level and the limits of the subsidiarity principle.
Salidas de la crisis
¿Cómo salir de este callejón sin salida? ¿Cómo romper el círculo vicioso de violencia e impunidad?
Como dijo el Papa Francisco durante su reciente visita a la RDC: "No podemos acostumbrarnos a la sangre que corre en la RDC desde hace décadas, matando a millones de personas sin que muchos lo sepan. En efecto, ya es más que hora de sacar la tragedia congoleña de la indiferencia y el olvido.
1. La necesidad de una movilización política internacional, la adopción de sanciones y una política de condicionalidad de la ayuda
En este contexto, acogemos con satisfacción los comunicados de los Estados Unidos de América, Bélgica, Francia, Alemania, España y la UE que, recordando la importancia de la integridad y la soberanía de la RDC, condenan los crímenes cometidos por el M23 y piden el cese del apoyo ruandés para contribuir a resolver la crisis en Kivu del Norte.
También acogemos con satisfacción la reciente posición del Consejo de Paz y Seguridad con ocasión de la 36ª Asamblea Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la UA y su pertinente llamamiento a revitalizar urgentemente el Acuerdo Marco con la movilización de instituciones "copatrocinadoras".
También tomamos nota de la "Estrategia renovada de la UE para la Región de los Grandes Lagos: Apoyar la transformación de las causas profundas de la inestabilidad en oportunidades compartidas", adoptada por el Consejo Europeo el 20 de febrero, que recuerda la importancia estratégica de la región y su potencial papel motor para todo el continente africano. Esta nueva estrategia hace hincapié en la búsqueda de una paz duradera, el respeto de la soberanía y la integridad de los Estados y la importancia de transformar el tráfico de recursos naturales en un vehículo de comercio responsable y desarrollo sostenible. Hacemos un llamamiento a la UE para que nombre un Enviado Especial para la Región de los Grandes Lagos con el fin de maximizar el potencial de este nuevo compromiso estratégico europeo en la región.
Además, también hacemos una sencilla recomendación a los políticos, diplomáticos y líderes institucionales que pretenden contribuir a la paz en el este del Congo. Sus llamadas, demandas y exhortaciones no son comprendidas ni respetadas por el régimen de Kigali. Es imperativo que los Estados Unidos de América, la UE, Francia, el Reino Unido y otros socios adopten sanciones políticas y económicas y suspendan la ayuda militar a Ruanda mientras apoye al M23 y ataque a la RDC. Este es el único lenguaje que producirá efectos concretos y pondrá fin a la injerencia ruandesa en el este del Congo.
También pedimos al Banco Mundial, al Banco Africano de Desarrollo y a los demás socios multilaterales y bilaterales que se guíen por una política de condicionalidades para que la ayuda internacional esté en adelante vinculada al estricto cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo Marco y al respeto de los derechos humanos.
2. Retirada de la CAO y de la fuerza regional
Dado el fracaso de los actuales procesos de negociación y el estancamiento político, apoyamos una revisión de la diplomacia regional y abogamos por la retirada de la RDC de la CAO y de su fuerza regional, y pedimos una mediación bajo los auspicios de un presidente africano neutral de un país no fronterizo, para iniciar una nueva dinámica hacia una solución política. Además, pedimos una mayor participación de las mujeres y los jóvenes en los procesos políticos y de consolidación de la paz, de conformidad con las resoluciones 1325 y 2250 del Consejo de Seguridad.
Por otra parte, pedimos al régimen de Kigali que entable un diálogo interruandés con las FDLR, con vistas a encontrar una solución duradera para este grupo armado surgido de las cenizas del genocidio de Ruanda. Esta milicia ha causado mucho sufrimiento en el este del Congo durante más de 25 años y sigue siendo utilizada como pretexto por el régimen de Kigali para intervenir militarmente en el este del Congo, mientras que, tras varias operaciones conjuntas entre fuerzas congoleñas y ruandesas destinadas a neutralizarlas, los elementos residuales de las FDLR ya no suponen una amenaza grave para la seguridad de Ruanda como en el pasado.
3. Un comercio transparente y responsable de los recursos minerales
Los países económicamente más avanzados están planificando una transición hacia la energía verde y avanzando hacia la descarbonización de sus economías. En consecuencia, los metales que abundan en el este del Congo, como el litio y el cobalto, serán aún más codiciados, ya que resultan esenciales para esta transición verde. La guerra en la RDC es principalmente económica y se asemeja a un gran crimen transnacional en el que Ruanda y Uganda han sido los principales actores durante los últimos 25 años, en connivencia con multinacionales y ciertos políticos y soldados congoleños. Por tanto, es urgente revisar la gobernanza minera y poner fin a la explotación y depredación ilegal de los minerales estratégicos de la RDC, que es una de las causas fundamentales de la violencia y el conflicto.
Para poner freno a la economía de guerra que subyace al sufrimiento de las comunidades del este de la RDC y a las graves violaciones de los derechos humanos será necesario acabar con los vínculos entre los grupos armados congoleños y extranjeros y las empresas mineras, las redes de contrabando y tráfico, y las opacas cadenas de suministro transfronterizas. Por ejemplo, un estudio reciente de la ONG Global Witness muestra que desde 2013 "solo el 10% de los minerales exportados por Ruanda habían sido realmente extraídos en su territorio, el 90% restante había sido introducido ilegalmente desde la RDC." Luego, la exportación de estos "minerales de sangre" se exporta a los mercados mundiales a través de Hong Kong, Dubái o incluso Bangkok.
Por lo tanto, no puede haber una transición energética limpia y sostenible sin un comercio transparente y responsable de los recursos minerales del este del Congo, que garantice que la extracción de minerales no está vinculada al trabajo infantil, la explotación sexual de las mujeres o la actividad de grupos armados. El objetivo es garantizar que esta transición verde crucial para el planeta sea justa, equitativa, sostenible y libre de conflictos para las comunidades y países de los que se extraen los minerales necesarios para hacer frente a la crisis climática. Por tanto, es imperativo garantizar la plena trazabilidad desde los lugares de extracción hasta el producto acabado que adquieren los consumidores en las tiendas de todo el mundo.
Además, es esencial invertir masivamente en la transformación de las materias primas para acortar el vínculo entre la mina y el lugar de transformación de los minerales. Esto facilitará el control de la cadena y de sus participantes, y el país productor podrá generar un verdadero valor añadido.
Además, también hay que establecer mecanismos vinculantes de control y rendición de cuentas a nivel nacional, regional e internacional. Por último, los contratos desleales celebrados en el sector minero entre las autoridades congoleñas y ciertos actores estatales y no estatales deben revisarse sobre la base de una asociación beneficiosa para todos.
4. El imperativo de la justicia
Dado que los diversos intentos de encontrar soluciones políticas y militares de las últimas décadas han fracasado en su intento de estabilizar el país y proteger a la población civil, ha llegado el momento de poner de relieve las estrechas interconexiones entre la prevención de conflictos, la justicia transicional y la consolidación de la paz. La cultura de la impunidad alimenta la recurrencia de los conflictos y la repetición de las atrocidades. No podemos seguir haciendo la vista gorda ante los crímenes masivos cometidos en la RDC durante más de un cuarto de siglo. La justicia es la pieza que falta en el rompecabezas para poner fin a la violencia en la RDC. No habrá paz duradera sin justicia, sin reparaciones, sin verdad, sin reformas institucionales destinadas a impedir que se repitan los crímenes más graves. El perdón y la reconciliación sólo pueden venir después de la justicia, las reparaciones y la verdad.
Este es el sentido de nuestros esfuerzos de promoción ante las autoridades congoleñas y los socios internacionales, regionales y bilaterales para la adopción de una estrategia nacional holística de justicia transicional en la RDC, que debería tener en cuenta la dimensión internacional de los conflictos y el intervencionismo de muchos terceros países en los conflictos que han sumido a la RDC en el luto durante los últimos 30 años. Entre las reformas institucionales que deben priorizarse, insistimos en la importancia estratégica de la reforma del sector de la seguridad: se trata de una condición sine qua non para que las fuerzas de defensa y de seguridad congoleñas puedan ejercer eficazmente sus funciones regias, desplegar la autoridad del Estado en todo el territorio y defender la integridad territorial y la soberanía nacional. Además, junto con la sociedad civil y las asociaciones de víctimas, abogamos por la creación de un Tribunal Penal Internacional para la RDC y/o de salas mixtas especializadas para procesar y juzgar a los autores e instigadores de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y actos de genocidio cometidos en la RDC desde mediados de la década de 1990.
Este imperativo de hacer justicia por los crímenes pasados y presentes no es sólo un requisito previo para la reconciliación y la coexistencia pacífica en la RDC y la región de los Grandes Lagos, sino también un medio privilegiado para consolidar el Estado de derecho, requisito previo para garantizar la buena gobernanza, luchar contra la corrupción endémica y crear un entorno propicio para la inversión.
5. Consolidación de la democracia
En diciembre de 2023, la nación congoleña se prepara para el cuarto ciclo electoral de su historia reciente, con la celebración de nuevas elecciones generales en forma de comicios presidenciales, legislativos, provinciales y locales, y el cambio democrático sólo será posible si se celebran elecciones creíbles, transparentes, inclusivas y pacíficas. Si bien es crucial superar las repetidas crisis de legitimidad que han dado lugar a ciclos de violencia e inestabilidad política y de seguridad, el contexto preelectoral es tenso. De hecho, la falta de independencia de la Comisión Electoral Nacional Independiente y la politización del Tribunal Constitucional -instituciones encargadas de organizar las elecciones y los recursos electorales-, la restricción del espacio democrático, de la libertad de expresión y de asociación, y un proceso de registro de votantes desorganizado y tardío aumentan el riesgo de conflicto de las próximas elecciones.
En este contexto, hacemos un llamamiento a los socios estratégicos de la RDC para que utilicen todos los resortes a su alcance para garantizar que las próximas elecciones se celebren dentro de los plazos constitucionales y respeten la voluntad soberana del pueblo, con la presencia de observadores nacionales e internacionales, en particular para que apoyen el recuento paralelo de los resultados y exijan su publicación, colegio electoral por colegio electoral, con el fin de garantizar que reflejan la verdad de las urnas.
Conclusión
El décimo aniversario del "Acuerdo de la Esperanza" llega en un momento crítico en el que la nación congoleña está en peligro. La RDC está siendo sometida por enésima vez a una guerra de agresión, directa y por delegación, que amenaza la soberanía nacional y la integridad territorial, así como los escasos beneficios de la inversión internacional de los últimos 25 años.
El trágico coste humano continuará si no se abordan las causas profundas de la violencia y la inestabilidad. Ha llegado el momento de sacar la tragedia congoleña de la indiferencia, la inacción y el silencio cómplice de la comunidad internacional, que ha contribuido a la putrefacta situación de seguridad, humanitaria y política, con un impacto desastroso en el respeto y la protección de los derechos humanos. La RDC y sus socios deben abordar las principales causas estructurales que impulsan los persistentes conflictos en el este del país, a saber, la explotación y el comercio ilegal de recursos naturales y la cultura de la impunidad.
El gobierno congoleño debe emprender reformas institucionales inmediatas para garantizar el respeto del Estado de derecho, fomentar una cultura de derechos humanos y restablecer la confianza en las instituciones, incluidas las encargadas de proporcionar seguridad y justicia.
Mientras que la comunidad internacional se ha unido acertadamente durante el último año para sancionar la agresión y ocupación de Ucrania por su vecino ruso y para proporcionar todo el apoyo y la ayuda necesarios, hacemos un llamamiento a la opinión pública y a los responsables políticos, tanto nacionales como internacionales, para que utilicen todos los medios necesarios para frenar sin demora esta nueva escalada de violencia en el este de la RDC.
La estabilidad en el corazón de África es esencial para la paz y la seguridad internacionales, pero también para la economía mundial y la transición energética. Es urgente poner fin a las agresiones reincidentes de los países que están detrás de la desestabilización de la RDC mediante un régimen de sanciones y de condicionalidad de la ayuda. Los países socios y las instituciones de la RDC, en particular los copatrocinadores del Acuerdo Marco, no pueden seguir tolerando estas violaciones flagrantes del derecho internacional sin reaccionar.
Si queremos que se respete el Estado de derecho a escala internacional, es imperativo acabar con la indignación selectiva, el humanismo de geometría variable y el doble rasero que conducen a una falta de confianza y credibilidad en las instituciones internacionales y el multilateralismo. Si no aplicamos los principios de equidad y coherencia, nuestro sistema de seguridad colectiva estará en verdadero peligro y la desilusionada calle africana se volverá hacia Putin.
El sufrimiento es universal y también lo es la sed de dignidad y justicia. La sangre de los congoleños se ha derramado demasiado. Como todos los pueblos, la nación congoleña tiene derecho a la autodeterminación y a vivir en paz. Aunque los retos son numerosos, el camino hacia la paz es posible. Requerirá más seguridad, más responsabilidad en el comercio mundial, más justicia y más democracia. Confío en que juntos, con una renovada voluntad política de la RDC y de la comunidad internacional, lo conseguiremos.
Denis Mukwege
Premio Nobel de la Paz 2018