Para avanzar en el camino de una paz duradera, nuestros dirigentes deben corregir los errores del pasado y romper con las políticas que han prolongado y agravado el sufrimiento del pueblo congoleño y la inestabilidad que ha provocado consecuencias desastrosas en la protección de los civiles.
Desde Sun City y pasando por Lusaka y Kampala, los acuerdos de paz han llevado sistemáticamente a la justicia a la cima de una paz cuyos dividendos no se han dejado nunca de lado en el este del país.
Estos diferentes acuerdos políticos destinados a poner fin a la violencia han plantado los granos de la inestabilidad y de la cultura de la impunidad al integrar a los elementos de los grupos armados rebeldes, congoleños y extranjeros, en el seno de las fuerzas de seguridad y de defensa de la República. En efecto, los procesos de desarme, desmovilización y reinserción subfinanciados y bateados, así como las políticas de "mezcla" y de "bronceado", a menudo acompañadas de ascensos, han integrado la indisciplina en el seno de las instituciones, y ello hasta el más alto nivel del Estado.
Al gratificar a los delincuentes en lugar de entregarlos a la justicia, esta estrategia de tiradores de cintas de ficción en Kinshasa, Kigali, Kampala y Bujumbura alienta a los grupos armados en brotes a asistir a su gira.
Esta situación favorece la aparición de un sistema que legitima la violencia y la comisión de delitos como modo de acceso al poder. Se produce una espiral infernal de violencia sin fin y la hipótesis de la instauración de una paz duradera.
Es en este contexto en el que expresamos nuestra opinión ante el reciente nombramiento por orden presidencial de un antiguo jefe rebelde del RCD-Goma, del M-23 y de la ALEC, como Coordinador del Programa de Desarme, Desmovilización, Refuerzo Comunitario y Estabilización.
Mientras el Jefe de Estado se compromete a incluir la justicia transitoria en la agenda del gobierno "para abrir el camino de la reconciliación nacional y la paz", abogamos por la adopción de una estrategia nacional holística de justicia transitoria que
priorice las reformas institucionales destinadas a prevenir la no repetición de las atrocidades cometidas contra las poblaciones civiles, en particular mediante una reforma profunda de los sectores de la seguridad y la justicia.
El vínculo más evidente entre la justicia transitoria y la reforma de las instituciones consiste en la puesta en marcha de procedimientos de depuración (vetting) que tienen por objeto la identificación y el alejamiento de las instituciones públicas de las personas responsables de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como la puesta en marcha de mecanismos de verificación de antecedentes en materia de derechos humanos. personas responsables de violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como a la implantación de mecanismos de verificación de los antecedentes en materia de derechos humanos de quienes aspiran a entrar en los servicios públicos.
Así pues, en el marco de la génesis del proceso de justicia de transición al que aspira el pueblo congoleño, el gobierno debe emprender sin demora reformas institucionales para garantizar el respeto del estado de derecho, favorecer una cultura de los derechos humanos y restablecer la confianza en las instituciones.
La nación congoleña cuenta con mujeres y hombres íntegros sin precedentes de violaciones graves de los derechos humanos, y existe una verdadera voluntad política de erradicar los grupos armados, estabilizar el estado del país, asegurar el alivio de las comunidades afectadas por las exacciones de los militares que han permanecido en nuestro país durante 25 años e instaurar una paz duradera; ha llegado el momento de explotar plenamente las potencialidades de este capital humano al servicio de la paz y de la justicia y de romper con las políticas destinadas a conceder ascensos a quienes deben responder de sus actos ante la justicia.