17 de julio de 2022 - El Día de la Justicia Penal Internacional conmemora la adopción del Estatuto de Roma, el tratado por el que se crea la Corte Penal Internacional (CPI), que busca hacer justicia a las víctimas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y el crimen de agresión. Este día, 17 de julio, reúne a todos aquellos que aman la justicia, que trabajan diariamente con las víctimas y que buscan prevenir los crímenes más graves que constituyen serias amenazas para la paz y la seguridad internacionales. Nuestros pensamientos están con todas las víctimas congoleñas de ayer y de hoy que esperan que se haga justicia.
En esta ocasión, hacemos un llamamiento al Fiscal de la CPI para que mantenga la situación en la República Democrática del Congo (RDC) en un lugar destacado de la agenda de su oficina, ya que desde hace casi 30 años se están produciendo allí atrocidades masivas que desafían la imaginación y conmocionan profundamente la conciencia humana, ante una indiferencia espantosa y un clima de impunidad casi generalizado.
De hecho, desde hace más de un cuarto de siglo, la RDC ha sido objeto de múltiples guerras de agresión y varios terceros países, especialmente Uganda, Ruanda y Burundi, siguen dirigiendo diversos grupos armados para desestabilizar el país y saquear sus recursos naturales y minerales.
En este contexto, debemos recordar a la opinión pública internacional que los conflictos que han asolado la RDC son los más mortíferos desde la Segunda Guerra Mundial. Los muertos, las víctimas directas e indirectas, las mujeres violadas y los desplazados se cuentan por millones, dando lugar a una gravísima catástrofe humanitaria y sumiendo a la población congoleña en un profundo trauma.
Nadie puede decir que no sabemos lo que está pasando en la RDC. El Informe de Cartografía de las Naciones Unidas publicado en 2010 trazó un mapa de 617 de los incidentes más graves cometidos entre 1993 y 2003. Estos crímenes no cesan, y la misión de mantenimiento de la paz de la ONU que opera en la RDC desde hace más de 20 años tiene un recuento diario, mensual y anual de las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que caracterizan la vida cotidiana de los congoleños. Estos crímenes imprescriptibles no pueden quedar impunes, incluidos los que actualmente comete el M23 en Kivu Norte con el apoyo de Ruanda.
Por ello, siempre hemos apoyado la acción de la CPI en la RDC. Sin embargo, 20 años después de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, la CPI sólo ha condenado a tres milicianos por crímenes cometidos exclusivamente en Ituri. Somos plenamente conscientes de que el Estado congoleño es el principal responsable de perseguir y juzgar los delitos cometidos en su territorio, pero a pesar de los esfuerzos de la justicia militar, creemos que las autoridades nacionales siguen sin tener la capacidad de hacer frente a los retos de la impunidad de los delitos pasados y presentes.
Además, estamos convencidos de que la acción de la CPI será complementaria al proceso de justicia transicional en curso en la RDC. En efecto, la CPI sólo tiene competencia sobre los crímenes más graves cometidos después del 1 de julio de 2002. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a las autoridades congoleñas para que adopten una estrategia nacional holística de justicia transicional en la RDC, y solicitamos el apoyo y la participación de las Naciones Unidas para ponerla en práctica.
Acogemos con beneplácito la Conferencia sobre la Rendición de Cuentas por los Crímenes Cometidos en Ucrania, celebrada esta semana en La Haya, y observamos con interés que todos los participantes destacaron el imperativo de movilizar la misma voluntad para todas las situaciones en las que se cometen crímenes y agresiones masivas.
Ha llegado el momento de poner fin al humanismo de geometría variable y al doble rasero que socava la credibilidad de las instituciones internacionales y de reconocer el derecho del pueblo congoleño a la justicia, a la verdad, a las reparaciones y a las reformas institucionales destinadas a garantizar la no repetición de las atrocidades. Esta es la condición sine qua non para romper el ciclo de violencia e impunidad, y para consolidar el Estado de Derecho, la democracia y la paz en el corazón de África.